Holguín está entre las provincias de Cuba con más adultos mayores y alto índice de envejecimiento poblacional—21,5 %—. Un desafío para la sociedad y la familia que tienen a su cargo el cuidado de más de 215 mil personas con 60 años y más.
Cuando conocemos este dato comprendemos mejor el impacto social de la longevidad y la necesidad de garantizar adecuadas vías de protección y amparo a este vulnerable grupo etario.
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Demográficamente Holguín presenta una situación desfavorable. Desde 2015 su población decrece y por lo tanto no logra garantizar el reemplazo generacional. La inversión de la pirámide de edades no solo se manifiesta en el incremento de la proporción de ancianos, sino también en la disminución de la proporción de niños y jóvenes menores de 15 años.
El progresivo proceso de envejecimiento que se reporta en esta región es actualmente uno de los principales retos demográficos que conlleva a políticas priorizadas de asistencia y seguridad social y de servicios sanitarios especializados; y a velar por una convivencia en armonía en el ámbito familiar que favorezca la calidad de vida de este sector poblacional afectado en no pocas ocasiones por el maltrato psicológico en el hogar, enfermedades como Alzheimer y demencias y expuesto a la ocurrencia de caídas, muchas veces con graves complicaciones para su salud.
Ser una de las provincias de Cuba con más adultos mayores es un gran reto para organismos e instituciones sociales que buscan alternativas y estrategias para favorecer el bienestar de este segmento poblacional cuyo cuidado requiere tiempo, recursos y, especialmente, afecto.
Pero claro está que es un privilegio llegar a la ancianidad. En Holguín la esperanza de vida al nacer alcanza los 79,80 años.
La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 73 reafirma la voluntad política y jurídica sobre el cuidado de la vejez: “El Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger y asistir a los adultos mayores en lo que a cada uno corresponde y de promover su integración social”.
También el nuevo Código de las Familias —Ley 156 de 2022— tiene entre sus prioridades legislativas la protección de las personas adultas mayores y de sus derechos a una vida familiar con dignidad, autonomía y libre de discriminación y violencia.
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