En las últimas jornadas, la tranquilidad de varias comunidades en la provincia de Holguín se ha visto perturbada por un incremento de actos vandálicos contra instituciones que son de todos. Bancos, tiendas, escuelas y policlínicos han amanecido con sus vidrieras rotas, sus fachadas dañadas o, en el caso de la infraestructura telefónica, víctimas del saqueo de cables y materiales.
Según la División Territorial de ETECSA en Holguín se han registrado 12 acciones de este tipo, concentradas en la cabecera provincial y otros municipios como Urbano Noris y Moa.
Estos hechos, que algunos pretenden minimizar como simples «travesuras» o actos de descontento aislados, tienen un impacto profundo que va más allá del vidrio roto o del cable cortado. Cuando se daña una escuela, se afecta el entorno donde se forman nuestros hijos. Cuando se apedrea un policlínico, se deteriora un espacio concebido para la salud del pueblo. Y cuando se sustraen bajantes telefónicos o cables de fibra óptica, comunidades enteras quedan incomunicadas, aisladas de un servicio esencial en el mundo de hoy.
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La pregunta que debemos hacernos es: ¿a quién perjudicamos realmente?
Es preciso entender que el Estado cubano no es una entidad abstracta y lejana; el Estado somos todos. Su presupuesto, particularmente en el complejo contexto económico actual, marcado por el recrudecimiento del bloqueo imperialista y la escasez global de recursos, se planifica al límite para satisfacer las necesidades más acuciantes de la población.
Cada peso que el gobierno en la provincia de Holguín tiene que destinar a reponer una ventana rota, a reparar una fachada vandalizada o a sustituir el cable de cobre robado, es un peso que se deja de invertir en producir alimentos, en mantener el sistema de acueducto, en comprar medicinas o en mejorar el transporte público.
El gobernador Manuel Francisco Hernández Aguilera ha sido enfático en la necesidad de reducir gastos y priorizar la producción, en un escenario donde cada recurso cuenta. El vandalismo, por tanto, no es solo un delito; es una actuación ciudadana que no podemos permitir porque desvía fondos vitales de los programas sociales y de desarrollo.
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A menudo, quien rompe o roba bienes públicos no repara en que se está robando o perjudicando a sí mismo. La economía personal de cada cubano está intrínsecamente ligada a la economía del país. Cuando el Estado tiene que desviar recursos para reparar daños causados por la delincuencia, disminuye su capacidad de respuesta ante los problemas que más nos duelen en el hogar: las colas, las averías, los servicios.
Además, existe una consecuencia directa e individual. Las investigaciones de los órganos del interior en Holguín han puesto nombre y rostro a varios de estos vándalos, que ahora enfrentan procesos judiciales y medidas cautelares. Lo que pudo ser un momento de irreflexión o el afán de obtener un beneficio rápido con la venta de material robado, se convierte en un antecedente penal, en problemas legales y en una mancha social que daña el proyecto de vida del infractor y el de su familia.
Llamamos a la población holguinera a ejercer su papel de vigilante revolucionaria, a cuidar y defender las instituciones que con tanto esfuerzo la Revolución ha puesto en cada barrio. Protejamos las escuelas de nuestros hijos, los consultorios de nuestros médicos y las instalaciones que nos brindan servicios vitales. Denunciemos a tiempo cualquier hecho o sospecha de actos vandálicos.
Porque al final, defender lo público no es más que defender el futuro de nuestras propias familias y el presente de la comunidad. Contra el vandalismo, la respuesta es unidad, conciencia y firmeza.
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