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Parlamentarios analizan medidas para el control de precios internos

Los diputados del Parlamento evaluaron este miércoles las medidas que se adoptan para el control de precios, cuando se mantiene como una preocupación de la ciudadanía los incrementos constantes en variados productos y servicios.

Un informe presentado por el ministro de Finanzas y Precios Vladimir Regueiro ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular  (Parlamento), indicó que el índice de precios al consumidor cerró en 2022 con una subida de 39 por ciento.

Durante lo que va de 2023, en tanto, se registra un aumento de 18 por ciento, mientras que al establecer una comparación con la misma etapa del pasado año, el ascenso es de 45 por ciento.

En este contexto, emitieron diversas orientaciones para el control de precios, entre ellas que exista una regulación de costos por parte de los gobiernos locales para ciertos productos de impacto, y que esas mismas estructuras puedan aprobar bonificaciones de los impuestos sobre ventas y servicios.

Otras acciones comprenden la exigencia a las entidades estatales sobre el ajuste de sus márgenes comerciales, y la vinculación directa entre instituciones presupuestadas que prestan servicios básicos para concertar precios y suministros estables.

Al analizar la aplicación de esas medidas, el ministro señaló que se advierte poca consolidación y sistematicidad, y que la concertación de costos se centra en productos agropecuarios, mientras se desatienden otros igualmente básicos.

Mencionó, además, que existe falta de responsabilidad del sector presupuestado en lograr un vínculo directo con los proveedores, y poca sistematicidad en el enfrentamiento a violaciones de precios concertados y abusivos.

En su intervención, Regueiro hizo referencia a la próxima entrada en vigor este mes de la resolución 148 de 2023, relacionada con una metodología para la elaboración de fichas de costos y gastos de productos y servicios.

De acuerdo con el titular, la norma tiene como elemento novedoso que por primera vez se incluye en una regulación de ese tipo tanto al sector estatal como privado, expresión del concepto de que la economía cubana es una sola, integrada por todos esos actores.

Además, la resolución establece, para las empresas estatales y sociedades mercantiles de capital 100 por ciento cubano, tasas máximas de utilidad por tipo de actividades entre un 15 y un 30 por ciento, al tiempo que regula coeficientes máximos de gastos indirectos.

Según expresó el titular, estas medidas se aplican cuando están conscientes de la insatisfacción del pueblo con respecto al tema, y de la responsabilidad y compromiso de las autoridades de alcanzar resultados palpables en el complejo escenario económico actual.

Con información de Prensa Latina

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