Durante mucho tiempo, el campo cubano fue sinónimo de alimento, trabajo y esperanza. Allí donde se sembraba una vianda, una hortaliza o una fruta, también se cultivaba la posibilidad de sostener a una familia y contribuir a la alimentación del país. Sin embargo, hoy la realidad de muchas comunidades rurales está marcada por la necesidad y la incertidumbre de las cosechas.
Resulta paradójico que en determinados momentos una vianda pueda encontrarse con mayor facilidad y a mejor precio en los mercados de la ciudad que en los propios campos donde se produce. Lo que parece una contradicción revela, en realidad, problemas profundos: dificultades en la comercialización, falta de incentivos, costos elevados, carencias de insumos, combustible y transporte, así como una distribución que no siempre favorece a quienes viven y trabajan en las zonas rurales.
El campesino puede sembrar, pero necesita semillas, fertilizantes, herramientas, combustible, seguridad para su producción y precios que hagan rentable su esfuerzo. Si después de meses de trabajo el resultado apenas alcanza para cubrir los gastos, o si buena parte de lo cosechado termina trasladándose directamente hacia mercados mayoristas de la ciudad, es comprensible que disminuya la motivación para producir. Nadie puede sostener indefinidamente una actividad que no le permite vivir con dignidad.
La agricultura no se fortalece únicamente con llamados a sembrar. Se fortalece cuando existen condiciones concretas para hacerlo. El productor necesita sentir que su trabajo es valorado, que tendrá acceso a los recursos indispensables y que podrá comercializar lo cosechado sin trabas excesivas ni pérdidas en el camino.
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También necesita servicios básicos, caminos transitables, electricidad y oportunidades para que los jóvenes no vean el campo como un lugar del que necesariamente deben marcharse.
Es cierto que cada persona puede cultivar un pedazo de tierra, un patio o un pequeño huerto familiar. Cada parcela cuenta y cada cosecha ayuda. Pero no debemos confundir la iniciativa individual con la solución de un problema estructural.
Ese cambio significativo puede venir ahora de la mano de la nueva Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal que ofrece oportunidades para recuperar tierras ociosas, estimular al productor, mejorar la infraestructura, fortalecer las cooperativas, garantizar mercados transparentes y acercar los alimentos a las comunidades donde se originan.
Porque no es razonable que el campesino tenga dificultades para acceder a lo que produce. El campo debe alimentar primero a sus habitantes y, al mismo tiempo, contribuir de forma organizada al abastecimiento de las ciudades. La comercialización no puede convertirse en una cadena que encarezca los productos y deje al productor y al consumidor en desventaja.
Cuba no puede olvidar que su mayor potencial alimentario está en la agricultura. La historia del país demuestra que el campo ha sostenido a la nación en los momentos más difíciles. Pero esa capacidad no es automática ni infinita: necesita inversión, respeto al trabajo agrícola y decisiones que coloquen la producción de alimentos entre las prioridades reales.
Hoy, hablar de los campos cubanos es hablar de una urgencia nacional. No basta con pedir más sacrificios a quienes ya producen en condiciones difíciles. Hay que crear las condiciones para que sembrar vuelva a ser una actividad digna, rentable y estimulante. Porque cuando el campo deja de alimentar, la crisis no se queda en las zonas rurales: termina llegando a la mesa de todos.
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