Cuando los hechos delictivos comienzan a cambiar la vida cotidiana

En Holguín, como en otras ciudades de Cuba, crece una preocupación que ya no puede ser ignorada: la percepción de que los hechos violentos y delictivos se han vuelto más frecuentes y visibles. Asesinatos, asaltos, robos, agresiones y denuncias sobre la sustracción de paneles solares o vehículos son situaciones que alarman a la población y afectan una de las bases esenciales de la convivencia: la seguridad ciudadana.

No se trata únicamente de cifras o de sucesos aislados. Cada hecho tiene un impacto que va mucho más allá de sus víctimas directas. Una familia que teme por quien regresa tarde a casa, una persona que evita salir de noche, un trabajador que modifica sus rutinas o un chofer que desconfía de recoger pasajeros son expresiones de una sociedad que comienza a sentirse vulnerable.

La oscuridad de las calles, los apagones prolongados y el deterioro de determinados espacios públicos agravan esa sensación de inseguridad. Cuando falta iluminación, disminuye la vigilancia y se interrumpen servicios esenciales, aumentan las oportunidades para el delito y se reducen las posibilidades de respuesta inmediata. La crisis económica, agravada en los últimos dos años por las sanciones del Gobierno de Washington, también golpea: el encarecimiento de la vida, la escasez y la desesperanza pueden convertirse en factores que favorecen conductas violentas, aunque nunca las justifican.

Es importante decirlo con claridad: la pobreza no convierte automáticamente a nadie en delincuente, ni todas las personas que enfrentan dificultades reaccionan mediante la violencia. La responsabilidad penal es individual. Pero una sociedad sometida durante demasiado tiempo a carencias, tensiones y falta de perspectivas necesita políticas públicas capaces de atender las causas profundas, prevenir los conflictos y proteger a sus ciudadanos.

La respuesta no puede limitarse a actuar después de que ocurran los hechos. Se necesita presencia preventiva en las zonas más vulnerables, mejor iluminación, atención a los barrios, recuperación de espacios públicos, vigilancia sobre la venta y consumo de alcohol, protección efectiva del transporte y canales confiables para denunciar. También hace falta que las autoridades informen oportunamente sobre los hechos delictivos que perturban la tranquilidad ciudadana, sin alarmismo, pero sin minimizar la preocupación popular.

La seguridad no es solo una tarea policial. La familia, la escuela, las organizaciones comunitarias, los medios de comunicación y las instituciones sociales deben contribuir a recuperar normas de convivencia, respeto y solidaridad. Sin embargo, esa responsabilidad compartida no puede utilizarse para trasladar la carga a la ciudadanía. Corresponde al Estado continuar garantizando condiciones básicas de protección, investigación y justicia que han caracterizado a la sociedad cubana en las últimas seis décadas.

En Holguín, la gente necesita volver a caminar por sus calles sin sentir que la noche es una amenaza. La tranquilidad ciudadana no se decreta: se construye con prevención, autoridad, servicios eficaces y oportunidades.

Frente a la violencia, el silencio tampoco protege. Es preciso denunciar y actuar rápido. Informar con responsabilidad, escuchar a la población y exigir respuestas son formas legítimas de defender la convivencia. La inseguridad no debe convertirse en la nueva normalidad. La prioridad debe ser devolver a los holguineros la confianza de que vivir, trabajar y transitar por su ciudad no implica exponerse cada día al miedo.

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