La reciente decisión de la minera canadiense Sherritt International de reconsiderar su salida de Cuba es, ante todo, la crónica de un bloqueo que asfixia, pero también la evidencia de una resistencia económica que se niega a ser borrada del mapa.
Lo que parecía una capitulación anunciada el 15 de mayo, hoy se revela como un compás de espera tensa, llena de contradicciones y presiones externas.
La empresa con sede en Toronto admitió en su comunicado oficial que ha detenido las medidas de disolución tras recibir una «posible oportunidad para preservar valor». No es casualidad, aunque el acoso financiero de Washington, recrudecido por la Orden Ejecutiva de Donald Trump el pasado 1 de mayo, obligó a Sherritt a suspender su participación directa en operaciones y repatriar empleados, la compañía no ha logrado —o no ha querido— cortar el cordón umbilical que la une a la isla desde hace 32 años.
La razón es simple: el níquel cubano sigue siendo un activo estratégico y las estructuras productivas construidas en Moa no se desmontan con un simple anuncio bursátil.
El contexto es crucial para entender este bandazo. El Gobierno de los Estados Unidos, en su escalada de medidas coercitivas unilaterales, sancionó directamente a Moa Nickel, la empresa mixta entre Sherritt y la General Nickel Company . Esta agresión económica no solo busca paralizar una de las principales fuentes de ingreso de divisas del país, sino que envía un mensaje intimidatorio a cualquier inversor extranjero que ose mantener vínculos con Cuba.
El efecto de este garrote fue inmediato y brutal al interior de la corporación. La dimisión en cadena del presidente del consejo de administración, la directora financiera y el auditor externo Deloitte, tras el anuncio del abandono, no es un dato menor. Revela el miedo cerval al sistema financiero estadounidense y el «efecto paralizante» que el bloqueo tiene sobre los cuerpos legales y contables de las transnacionales. Nadie quiere ser acusado de violar el entramado de sanciones de la Casa Blanca.
Sin embargo, el «giro» de Sherritt no debe ser leído como un triunfo completo ni como un acto de valentía empresarial. La empresa mantiene la suspensión de su participación directa. Es decir, hoy por hoy, la minera no está operando activamente ni capitalizando la empresa mixta; está en un limbo jurídico y operativo, buscando una fórmula que le permita conservar sus intereses sin ser aplastada por la persecución financiera de Marco Rubio y los halcones de Washington.
Esa es la distorsión que el bloqueo impone a la economía mundial: obliga a las empresas a elegir entre la legalidad internacional —que asiste a Cuba— y la tiranía del dólar y el mercado norteamericano. La propia Sherritt admite en sus comunicados que enfrenta «serias dificultades operativas, financieras y legales» y pone en duda su capacidad para cumplir con sus deudas. Está contra la espada y la pared.
Para Cuba, este evento ratifica la necesidad de consolidar la soberanía económica y buscar socios dispuestos a desafiar el genocida cerco económico, comercial y financiero. Aunque la situación de Sherritt es frágil —sus acciones se han desplomado y su gobernanza está fragmentada—, el hecho de que no haya concretado la disolución es una señal de que las oportunidades en nuestro país siguen teniendo peso frente a las amenazas imperiales.
El pueblo cubano, acostumbrado a navegar en la tormenta de las sanciones, observa. Sabe que mientras exista una sola medida que impida el libre comercio, cualquier «oportunidad de preservar valor» será siempre frágil y estará secuestrada por los designios de la política exterior estadounidense. La historia de Sherritt es la confirmación de que el bloqueo es un bumerán que hiere a Cuba, pero también deja tambaleándose a quienes se ven forzados a acatarlo.
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