El Ministerio de Justicia de Cuba y el Colegio de Gestores Administrativos de España suscribieron este lunes un convenio de colaboración para favorecer la digitalización e informatización en el ejercicio de la justicia y la superación de los profesionales del sector.
El ministro de justicia de Cuba, Oscar Silvera, precisó que el convenio afianza la colaboración entre entidades de justicia de ambas naciones y comprende varios ejes fundamentales; entre ellos la dotación de equipamiento informático para facilitar los trámites y servicios legales a la población del archipiélago.
Silvera resaltó que ya se encuentra en Cuba un escáner que permitirá acelerar la digitalización de los libros del Registro del Estado Civil, los de mayor demanda en el país.
El convenio incluye a entidades de justicia cubanas como la Unión de Juristas y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que podrán beneficiarse de la experticia de esta institución hispana en materia de trámites, atención a la ciudadanía e informatización y automatización de los procesos técnico-jurídicos, para crear y fortalecer los servicios.
A su vez, dotará a los especialistas de mayores habilidades de cara a un mejor ejercicio del derecho en nombre de las personas, afirmó Silvera.
El ministro cubano subrayó el compromiso diario con la ciudadanía y el país para simplificar procesos, eliminar trabas, lo que tiene como base la informatización, pero también la eficiencia en la gestión, el mejor desempeño y fundamentalmente el ahínco de los trabajadores del gremio para cada día hacerlo mejor.
El presidente del Consejo General del Colegio de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago Ollero, declaró que el convenio posibilita la participación de juristas cubanos en cursos de preparación y entrenamientos en España como premio a la calidad de su trabajo y para mejor conocimiento del derecho y mayores competencias profesionales.
Asimismo los profesionales del gremio tendrán acceso a credenciales para recibir cursos de manera telemática, añadió.
Otro aspecto esencial y de profundo interés para la población cubana está ligado a la articulación entre las entidades cubanas y españolas para mayor eficacia y accesibilidad en los trámites de legalización de documentos relacionados con la Ley de Memoria Democrática, puntualizó Ollero.
Además señaló que en un futuro se pretende que los ciudadanos de la isla puedan tramitar de manera segura los servicios de legalización ante los bufetes especializados, lo que permitiría aliviar la demanda de ese servicio, cada vez mayor en el Consulado General de España en La Habana.
La colaboración incluye una importante donación de bibliografía a la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
Con información de Prensa Latina
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