La vida económica y cotidiana en Cuba se tensa aún más ante un nuevo paquete de medidas restrictivas en el transporte interprovincial y el agravamiento de la crisis energética, anunciadas como respuesta al déficit crónico de combustible.
En este escenario, donde la movilidad se reduce y crece la ansiedad ciudadana, se exacerban viejas contradicciones. Por un lado, emerge la tendencia al acaparamiento de productos básicos; por otro, en el frente de la modernización financiera, persiste una brecha significativa entre lo que dicta la ley y la práctica diaria de negocios y ciudadanos.
Se observa, así, una paradoja: una ley clara frente a una aplicación difusa. La normativa cubana es explícita: desde mayo de 2025, la Resolución 15/2025 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) establece el uso obligatorio de medios de pago electrónicos para casi todas las transacciones comerciales, incluyendo de manera explícita a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
Según esta disposición, publicada en la Gaceta Oficial, operaciones como la compra de alimentos, productos no alimenticios y suministros para establecimientos deben realizarse mediante transferencias, tarjetas o códigos QR, constituyendo una alternativa ante la escasez de efectivo.
Sin embargo, en la práctica, la realidad es otra. Los comentarios de los holguineros coinciden en señalar una resistencia generalizada.
A diario crecen los reportes de que «en muy pero muy pocos negocios te dejan pagar por transferencia», o de que establecimientos solo aceptan este método en horarios específicos, «hasta las 09:00 a.m. que están los inspectores».
Esta negativa, según explican los propios comerciantes, se debe a un problema de liquidez: si reciben dinero electrónico pero no pueden retirar el efectivo equivalente del banco para sus propias compras informales o pagos, el circuito se rompe.
Dicha práctica no solo contraviene la Resolución del Mincin, sino también el Decreto-Ley 100/2024 sobre el Sistema de Pagos, que prohíbe expresamente establecer precios más altos o condiciones desventajosas para quien pague con métodos electrónicos. En consecuencia, mientras la Ley busca incentivar la bancarización, la falta de efectivo en el sistema y las dificultades operativas generan el efecto contrario.
Un aspecto que genera confusión es la regulación de los límites a las transferencias. Ciertamente, existen topes operativos vigentes, establecidos por el Banco Central de Cuba (BCC) y detallados por instituciones como el Banco de Crédito y Comercio (Bandec).
No obstante, las cifras mencionadas coloquialmente (1500 o 2000 pesos) no se corresponden con los límites oficiales actuales, que son los siguientes: El BCC ha justificado estos topes como una práctica internacional para el control financiero. Es crucial aclarar que estas restricciones aplican específicamente para transferencias entre personas naturales. Las operaciones desde cuentas de personas naturales hacia personas jurídicas (como pagos a una Mipyme) o entre empresas, en teoría, no están sujetas a estos mismos límites.
El malestar, sin embargo, es palpable. Surge, por ejemplo, al cuestionar la conveniencia de estos topes en un contexto inflacionario, preguntándose: «¿Qué son 120 mil CUP en la actualidad?». La queja frecuente es que, mientras se promueve la digitalización, estos límites y las dificultades para extraer efectivo (con cupos diarios que pueden ser de apenas 2000 CUP en algunas ventanillas) obstruyen el flujo normal de la economía.
Estos frentes —las restricciones del transporte y combustible, la resistencia al pago digital y la percepción de restricciones bancarias— no son islas separadas. Por el contrario, se combinan en un cóctel que erosiona la confianza y distorsiona los comportamientos económicos.
Así, la incertidumbre logística generada por la suspensión de rutas de ómnibus y los prolongados apagones alimenta el instinto de acopio ante el temor a un desabastecimiento mayor. Paralelamente, la poca utilidad práctica del dinero electrónico para muchos comerciantes —atrapado en cuentas por los topes de retiro y la escasez de efectivo— los lleva a rechazarlo, forzando a la población a buscar billetes que también son escasos. Esto crea un círculo vicioso: menos aceptación de pagos digitales, más demanda de efectivo, más presión sobre el sistema bancario.
Cuba insiste en la bancarización como vía de saneamiento financiero y control. No obstante, su implementación choca con una infraestructura tecnológica frágil, una liquidez monetaria insuficiente y, quizás lo más complejo, con una desconexión profunda entre la norma y la realidad vivida por los actores económicos que deben cumplirla.
Por tanto, superar esta brecha requiere no solo de control e inspección —que según los reportes ciudadanos es irregular—, sino de soluciones integrales que atiendan los eslabones prácticos de la cadena.
El objetivo final debe ser garantizar que la digitalización sea una herramienta útil y fluida para todos, y no una carga adicional en tiempos ya demasiado difíciles.
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