La reciente entrada en vigor del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes (Ley 178/2025) marca un hito en la historia legislativa de Cuba. Este cuerpo legal, que moderniza y unifica una normativa dispersa y obsoleta, no solo se alinea con el texto constitucional de 2019 y los compromisos internacionales del país, sino que pretende establecer un paradigma radical: reconocer a más de tres millones de cubanos menores de 30 años no como objetos de protección, sino como sujetos plenos de derecho y actores protagónicos de su propio desarrollo.
El código, resultado de un proceso de consulta popular sin precedentes que involucró a más de 825 mil niños, adolescentes y jóvenes, exhibe fortalezas estructurales significativas. En primer lugar, establece un Sistema de Protección Integral que busca coordinar la acción del Estado, la familia, la escuela y la comunidad, superando el enfoque asistencialista del pasado. La creación de Comisiones de Niñez, Adolescencias y Juventudes a todos los niveles sugiere un intento por institucionalizar la participación y el monitoreo.
En segundo término, su enfoque de derechos es amplio y contemporáneo. Aborda desde la protección frente a la violencia en todos los ámbitos —incluyendo, de manera pionera, disposiciones específicas contra el ciber acoso y los riesgos digitales— hasta el derecho a la participación en las decisiones que les afectan. Este último punto es quizás el más revolucionario: convierte la escucha de las nuevas generaciones en una obligación legal para las instituciones.
Sin embargo, la verdadera prueba de fuego para este ambicioso proyecto comienza ahora. La historia legislativa cubana muestra que el abismo entre la norma escrita y su aplicación efectiva puede ser considerable. La implementación exitosa del Código enfrenta obstáculos estructurales que no se resuelven con su publicación en la Gaceta Oficial.
El contexto socioeconómico actual es el primer escenario de tensión. Un Código que promueve derechos a la recreación, la cultura, el deporte y un nivel de vida adecuado choca con las carencias materiales de una economía en crisis. Garantizar «entornos seguros y protectores» requiere inversión en infraestructura, capacitación de personal y recursos que son extremadamente limitados.
En segundo lugar, está el desafío de la transformación cultural e institucional. El código exige un cambio de mentalidad en funcionarios, maestros, profesionales de la salud y familias. El paternalismo, el autoritarismo vertical y la minimización de la voz infantil están arraigados en prácticas sociales e institucionales. Erradicarlos requiere una campaña de capacitación masiva, sostenida y bien dirigida, cuya escala y profundidad aún están por verse.
Finalmente, la articulación interinstitucional —siempre una debilidad en la gestión pública cubana— será determinante. El Sistema de Protección Integral solo funcionará si los ministerios de Educación, Salud, Cultura, el Interior y las organizaciones de masas logran una coordinación fluida y desburocratizada, con canales claros de denuncia y respuesta ágil. La recién creada Comisión rectora tendrá la titánica tarea de orquestar esta sinfonía de actores.
La viabilidad del código dependerá de varios factores. El compromiso político y la asignación de recursos serán la primera señal de seriedad. ¿Se destinarán partidas presupuestarias específicas y suficientes? ¿Se priorizará su implementación en la agenda gubernamental por encima de otras urgencias?
Otro factor será la capacidad de la sociedad civil, incluidas las universidades y las organizaciones sociales, para ejercer veeduría crítica. Un monitoreo independiente, que documente avances y retrocesos, será esencial para evitar que el código quede en letra muerta.
El principal riesgo es que, ante las enormes dificultades cotidianas, el código se convierta en un documento declarativo de buenas intenciones, aplicado de manera formal y desigual en el territorio nacional.
El Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes es, sin duda, la ley más avanzada y progresista de su tipo en la historia de Cuba. Provee un marco jurídico sólido y una brújula clara hacia una sociedad más justa e inclusiva con sus generaciones más jóvenes. Su valor como herramienta de exigibilidad y educación ciudadana es inmenso.
Reporte del Canal Caribe sobre Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes en Cuba
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