La vivienda ha sido, es y será uno de los temas más sensibles para los cubanos. No se trata solo de un techo; se trata de dignidad, de estabilidad, de futuro. Por eso, cuando se anuncia una nueva Ley de la Vivienda, la expectativa es alta. Pero también lo es el escepticismo, y no sin razones.
Según los datos expuestos en el más reciente programa televisivo Cuadrando la Caja, por Delilah Díaz Fernández, directora general de la Vivienda, Cuba cuenta con 4,1 millones de viviendas, de las cuales el 35 % está en estado regular o malo. El déficit habitacional asciende a 831 151 viviendas, y de ellas, 431 790 requieren rehabilitación. Es decir, más de la mitad del problema no es construir desde cero, sino rescatar lo que ya existe. Y ahí está el primer nudo gordiano: ¿cómo rehabilitar cuando los recursos materiales y financieros son tan limitados?
La nueva Ley, según explicaron Díaz Fernández; Onidia Cabrera Romero, directora jurídica del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU); y Marvelis Velázquez Reyes, directora de Asuntos Legales de la Vivienda del Ministerio de la Construcción, introduce cambios sustanciales. Asimismo reconoce la participación de actores económicos diversos —mipymes, cooperativas, empresas estatales y privadas— en la construcción y rehabilitación.
Habilita el financiamiento mixto, la transmisión de viviendas en estado de ruina, la creación de cooperativas de vivienda y hasta la actividad inmobiliaria, antes prohibida. También amplía derechos sobre azoteas y locales, y faculta a las juntas de administración de edificios para arrendar espacios y generar ingresos destinados a su sostenimiento. Son, sin duda, pasos necesarios.
Pero hay una pregunta que sobrevuela y que aún no encuentra respuesta con la contundencia que el tema exige: ¿cómo se garantizan los materiales? La propia directora general de la Vivienda reconoce que el programa de producción local de materiales es clave, pero también admite que «en los últimos años ha habido un déficit sostenido de recursos materiales» y que la crisis energética ha afectado la producción. Es decir, la Ley abre puertas, pero el país no tiene todavía las llaves para abrirlas del todo.
El otro elemento crítico es la implementación. Como bien señaló Velázquez Reyes, «no podemos pasar todo el tiempo legalizando lo ilegal». La Ley amplía derechos, pero también obligaciones. Y ahí está el talón de Aquiles: ¿tiene el país la capacidad institucional para hacer cumplir las normas urbanísticas, cobrar los impuestos, supervisar las cooperativas y garantizar que el ordenamiento territorial se respete? La propia Cabrera Romero admitió que los trámites se han agilizado, pero la disciplina urbanística sigue siendo un desafío pendiente.
El tema de los precios y el valor catastral merece también una mirada crítica. Cabrera Romero explicó que el valor catastral está por debajo del valor de mercado y que sirve de base imponible para impuestos, con coeficientes diferenciados según la zona. Sin embargo, para una población con salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica, cualquier precio —aunque sea «justo» desde el punto de vista técnico— puede resultar inalcanzable.
El subsidio existe, sí, pero se otorga caso a caso y depende de la capacidad fiscal de los municipios. ¿Hay garantía de que los más vulnerables accedan realmente a una solución habitacional? La Ley lo contempla, pero la realidad presupuestaria es otra cosa.
Un acierto indiscutible: la Ley incorpora el enfoque ambiental y reconoce la necesidad de mantener y conservar antes que demoler y construir. Eso es coherente con los tiempos y con la escasez. También es positivo que se reconozca el papel de los gobiernos municipales en la gestión habitacional, aunque habrá que ver si la descentralización viene acompañada de recursos y capacidades reales.
La nueva Ley de la Vivienda es un instrumento jurídico más completo que el anterior, con avances evidentes en la ampliación de derechos y la diversificación de actores. Pero ninguna ley, por sí sola, resuelve problemas estructurales. Como bien dijo Díaz Fernández: «Ningún documento es una varita mágica». La vivienda en Cuba no se resolverá solo con un marco legal más flexible; se resolverá cuando haya materiales, financiamiento, institucionalidad y, sobre todo, cuando las personas puedan ejercer esos derechos sin tropezar con la burocracia, la escasez o la falta de control.
La Ley es un punto de partida. El camino, como siempre en Cuba, será largo y empedrado. Pero al menos ahora hay un mapa más claro. La pregunta es si habrá fuerzas —y recursos— para recorrerlo.
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