Inicia junio con la celebración del Día Internacional de la Infancia, una fecha que en Cuba, aunque este año se conmemora en medio de serias dificultades económicas y una compleja situación electroenergética, ratifica la voluntad política del Estado y la sociedad civil de propiciar el sano crecimiento y bienestar de los niños, niñas y adolescentes.
El país enfrenta actualmente retos significativos para mantener los avances en la protección de la infancia y la adolescencia, pero persiste la capacidad de resiliencia de la familia para preservar, a pesar de las adversidades, la alegría de los más pequeños de casa.
Ahora se cuenta con menos recursos para ofrecer una atención médica de calidad y lamentablemente algunos indicadores de salud muestran un deterioro sostenido como la tasa de mortalidad infantil que pasó de 4.0 muertes por cada mil nacidos vivos en 2018 a 9.9 por cada mil en 2025. No obstante, el sistema de salud pública cubano, de cobertura universal, mantiene la vitalidad de los programas de vacunación y su política de prevención y seguimiento materno-infantil.
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El difícil escenario socioeconómico que vive Cuba, con múltiples limitaciones de producción nacional y fuertes restricciones derivadas del endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos, afecta sin lugar a dudas el acceso a productos y servicios básicos para el desarrollo infantil.
Es innegable que la inflación acelerada y los bajos ingresos de la mayoría de las familias impactan de manera negativa en la alimentación balanceada de los menores; asimismo, los prolongados cortes eléctricos tienen consecuencias desfavorables en el descanso de los niños y su comportamiento emocional.
Sin embargo, pese a esta realidad, el Gobierno, con no pocos esfuerzos, mantiene las políticas sociales de igualdad de oportunidades educativas y prioriza la atención a las poblaciones infantiles más vulnerables.
El amparo de los más pequeños no es un hecho eventual. La Convención sobre los Derechos del Niño entró en vigor en Cuba el 20 de septiembre de 1991, y de esta manera, los derechos de la niñez y la adolescencia quedaron refrendados en un cuerpo legal.
La Constitución cubana vigente, establece en su artículo 86 la obligación del Estado, la sociedad y las familias de brindar especial protección a las niñas, niños y adolescentes y garantizar su desarrollo armónico e integral.
La Carta Magna establece además el interés superior de los menores en las decisiones y actos que les conciernen; así como los resguarda contra todo tipo de violencia. Asimismo, el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes (Ley 178/2025), constituye otro marco jurídico sólido e inclusivo a favor de las nuevas generaciones.
Garantizar la protección de los infantes y la satisfacción de sus necesidades indispensables, a pesar de los escasos recursos disponibles, responde a un compromiso colectivo.
Aún en medio de las condiciones económicas adversas, Cuba vela por ambientes sanos y propicios para el desarrollo integral de los niños y adolescentes y acciona para reducir la pobreza y disminuir las desigualdades, garantizando un entorno de seguridad, cuidado y participación.
No obstante, todavía hay que prestar mayor atención a situaciones que afectan el bienestar infantil en familias disfuncionales con hábitos y conductas de riesgo. Insistir en la prevención del embarazo en la adolescencia y estar más atentos al uso excesivo de Internet y las redes sociales, a señales de acoso escolar, conductas violentas o al más mínimo indicio de consumo de drogas.
Es justo reconocer los avances de Cuba en el cumplimiento de los derechos de la infancia y también los desafíos para superar las barreras que impone la realidad actual.
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