La reciente reactivación de la estación de bombeo Oscar Lucero en Holguín, tras más de 60 días de inactividad por la sustracción de 180 metros de cable fotovoltaico, pone de manifiesto un problema que se escucha cada vez más en la provincia: el vandalismo.
Este acto de indisciplina social no solo afecta a la infraestructura estatal, sino que también repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, quienes dependen del acceso constante a servicios básicos como el agua.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Holguín tuvo que movilizar recursos significativos y contar con la colaboración de la comunidad para restablecer el servicio, un esfuerzo que resalta la importancia del trabajo conjunto ante situaciones adversas.
Sin embargo, este no es un caso aislado; otros sectores vitales como la Empresa Eléctrica y Etecsa también han reportado un aumento en los actos vandálicos, lo que agrava aún más la situación económica del país.
Recientemente, se detuvo a los presuntos responsables del robo de aceite de un transformador en Moa, un incidente que ilustra cómo el vandalismo puede tener consecuencias devastadoras en un contexto ya complicado por la crisis energética que enfrenta Cuba.
El bloqueo impuesto por el Gobierno de EE.UU. ha llevado a una escasez crítica de recursos, haciendo que cada acto delictivo tenga un impacto desproporcionado en la capacidad del país para ofrecer servicios esenciales.
Las autoridades de Santiago de Cuba han advertido también por situaciones similares sobre los riesgos asociados con estos actos, que no solo ponen en peligro la infraestructura, sino que también amenazan la vida humana.
En Holguín, la División Territorial de Etecsa ha reportado alrededor de 27 incidentes de vandalismo en 2025, con pérdidas que superan los 529 mil pesos cubanos. Estas cifras son un claro indicativo del daño económico que se está infligiendo a la provincia y al país en general.
Es imperativo que se tomen medidas para abordar esta creciente ola de vandalismo. La protección de infraestructuras críticas debe ser una prioridad, no solo para garantizar el acceso a servicios básicos, sino también para salvaguardar la estabilidad económica y social de la población.
La comunidad debe ser parte activa en la vigilancia y protección de estos recursos, y las autoridades deben trabajar en conjunto con los ciudadanos para fomentar una cultura de respeto y cuidado hacia el patrimonio público.
El vandalismo no solo es un problema de delincuencia; es un fenómeno que afecta a todos y cada uno de nosotros. La recuperación de servicios esenciales como el agua, las comunicaciones y la electricidad depende en gran medida del compromiso colectivo para erradicar este comportamiento destructivo.
Las instituciones, las autoridades y la comunidad deben unirse para enfrentar este desafío y asegurar un futuro más sostenible y próspero para todos.
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