Desafíos de la estabilización monetaria en Cuba, una batalla contra la especulación y la justicia social

El escenario económico que enfrenta hoy la nación cubana es, sin duda, uno de los más complejos de su historia reciente. Al analizar la erosión del valor adquisitivo de nuestra moneda, el avance de presiones inflacionarias y la batalla por el control del comercio, no se trata de identificar un punto de quiebre único, sino de comprender la confluencia de factores estructurales, externos y normativos que configuran la realidad actual.

A este análisis resulta imprescindible incorporar la situación de quienes dependen de las pensiones y el salario básico, sectores que evidencian con mayor crudeza la brecha entre los ingresos nominales y el costo real de la vida.

El peso cubano no perdió su valor de la noche a la mañana, ni como resultado de una única decisión administrativa. Expertos en economía señalan que el punto de inflexión más severo se manifestó tras la implementación de la Tarea Ordenamiento en enero de 2021, cuando se eliminó la dualidad monetaria y se fijó una tasa de cambio única de 24 CUP por 1USD, la primera devaluación oficial del peso desde 1959.

Sin embargo, el gobierno revolucionario ha sido transparente al advertir que esta medida no era una «solución mágica», sino una condición necesaria para sanear los desequilibrios macroeconómicos heredados de décadas de subsidios distorsionantes.

Lo que observamos hoy —con una cotización informal que ha llegado a picos superiores a los 450 CUP por dólar— responde a una tormenta perfecta: el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, la persecución financiera externa y una guerra mediática que induce expectativas inflacionarias para desestabilizar el país.

Abordar la naturaleza de las importaciones requiere precisión conceptual. Afirmar que estas «no están controladas por el estado cubano» no se corresponde con la realidad jurídica y fáctica. Lo que ocurre es un fenómeno distinto: la presencia de nuevos actores económicos (MIPYMES y TCP) que, bajo un marco regulatorio perfectible, participan en cadenas de importación.

El primer ministro, Manuel Marrero, ha explicado que la parcial dolarización de la economía es una medida temporal, adoptada en condiciones de guerra económica, para captar divisas que de otro modo escaparían del circuito formal y estimular la oferta.

El Estado mantiene su rol rector: fija el tipo de cambio oficial, establece un tipo discrecional de 120 CUP para servicios esenciales y turismo, y regula las operaciones financieras, mientras las tasas de cambio del Banco Central de Cuba rondan diariamente entre los 458 CUP.

No obstante, persiste una contradicción estructural. Mientras el sector estatal y una gran parte de la población sin remesas operan en pesos a tasas oficiales o subsidiadas, gran parte del sector privado fija sus precios basándose en la tasa informal del mercado cambiario (490 CUP). Esto genera una asimetría que el gobierno ha reconocido abiertamente como un «ensanchamiento indeseable de la desigualdad social».

Es precisamente en este punto donde la labor de los organismos inspectores y las nuevas disposiciones legales cobran vital importancia. Lejos de la inacción, existe una ofensiva regulatoria en marcha. Durante el pasado año se aprobó un nuevo mecanismo de asignación de divisas, se consolidaron medidas de control fiscal que identificaron deudas por más de 9 800 millones de pesos, y se aplicaron sanciones que incluyen el cierre temporal o definitivo de más de 23 000 establecimientos.

El Ministerio de Finanzas y Precios, a través de resoluciones como la 225/2024, ha impuesto topes de precios a productos de alta demanda. El cuerpo de inspectores ha realizado más de 1 200 ventas forzadas —cifra que resulta insuficiente ante la actual situación económica del país— y mantiene un enfrentamiento diario contra la especulación y la ilegalidad.

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Entonces, ¿por qué la inflación persiste y crece? La respuesta no reside en la ausencia de normas o voluntad de control, sino en la naturaleza del fenómeno. Nos enfrentamos a una inflación de carácter inducido. No es solo un desbalance entre oferta y demanda; es el resultado de la manipulación de precios por actores que, aprovechando la escasez, imponen márgenes de ganancia abusivos basados en la cotización especulativa del dólar.

Este análisis no estaría completo si no incorpora la situación de los más de 1.5 millones de cubanos que dependen del sistema de seguridad social. En septiembre de 2025, entró en vigor la Resolución 14/2025 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que estableció incrementos parciales para el 88 % de los beneficiarios del Régimen General de Seguridad Social.

Según los datos oficiales, la pensión por edad y discapacidad para jubilados del régimen general —aquellas con montos de hasta 2 472 pesos— recibió un incremento de 1 528 pesos. Las personas que percibían entre 2 473 y 3 999 pesos mensuales vieron ajustada su pensión hasta alcanzar los 4 000 pesos. En el caso específico de las pensiones por muerte, las viudas, que mayoritariamente recibían 1 970 pesos, experimentaron un incremento hasta 2 140 pesos.

El Estado destinó aproximadamente 25 mil millones de pesos anuales para financiar esta medida, unos 2 mil millones mensuales. Lo más revelador de los propios documentos oficiales y las declaraciones de las autoridades es el reconocimiento explícito de que estos incrementos, siendo un esfuerzo fiscal considerable en medio de severas restricciones financieras, son parciales e insuficientes.

El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, admitió que el incremento parcial de las pensiones no da la solución total a los bajos ingresos que reciben los jubilados, y que el sistema enfrenta un reto importante.

Esta insuficiencia se materializa al contrastar estos ingresos con la realidad de los precios. Una pensión máxima ajustada de 4,000 pesos mensuales representa aproximadamente 133 pesos diarios. En el mercado informal, una libra de pollo puede superar los 600 pesos; un litro de aceite, los 1000 pesos, teniendo en cuenta los días recientes.

En el mercado formal de productos normados, la libreta garantiza cuotas a precios subsidiados, pero estas resultan cuantitativamente insuficientes para cubrir el período mensual, obligando a las familias a acudir a mercados con precios determinados por la especulación.

La consecuencia es previsible: los adultos mayores y las personas asistidas, precisamente aquellos que el Estado declara como prioridad en el gasto social, se han convertido en el segmento más vulnerable de la inflación. Una pensión de 4 000 pesos que en 2021, al inicio de la Tarea Ordenamiento, podía cubrir una semana de alimentos básicos, hoy difícilmente alcanza para tres días.

El camino de la estabilización macroeconómica y monetaria es pedregoso y está sembrado de riesgos. La dirección del país ha sido clara al advertir que no existen varitas mágicas. Las medidas adoptadas —la unificación monetaria, la apertura controlada a ciertas formas de gestión, la dolarización parcial, los topes de precios y los incrementos pensionarios— no son fines en sí mismos, sino eslabones de un programa mayor para corregir distorsiones y revitalizar la economía.

El problema del valor del peso, la inflación y el deterioro del ingreso familiar no se resolverá exclusivamente con decretos o inspecciones, aunque ambas sean armas indispensables. Se resolverá en la medida en que logremos aumentar la producción nacional, sustituir importaciones y romper el cerco financiero que nos asfixia. Mientras tanto, 1.5 millones de cubanos que construyeron este país con su trabajo, esperan que el próximo incremento no sea solo parcial, sino que comience a cerrar la brecha entre lo que el presupuesto puede asignar y lo que realmente cuesta vivir con dignidad.

La batalla contra los especuladores y la defensa del ingreso de las familias seguirá siendo una trinchera de todos los días, especialmente para quienes ya han dado toda una vida a la Revolución.

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