Ley del sustento en Holguín: ¿acopio, especulación o necesidad?

El bloqueo energético que atraviesa Cuba, como resultado de las medidas impuestas por Washington, ha detonado una cadena de afectaciones que golpea con fuerza el día a día. Ante el anuncio de restricciones en el transporte, una lógica humana primaria se ha activado en muchas familias holguineras: procurar y almacenar productos de primera necesidad.

Sin embargo, esta reacción instintiva, comprensible desde la angustia, se mezcla y es exacerbada por dinámicas de acaparamiento y reventa a precios exorbitantes. Este fenómeno ocurre tanto en el mercado informal como a través de los canales de importación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

En consecuencia, la pregunta que resuena entre quienes no tienen recursos para seguir esta tendencia es clara: ¿qué mecanismos existen para proteger al consumidor y garantizar el acceso equitativo a los alimentos en tiempos de escasez extrema?

Para comprender este escenario, es crucial considerar la severa falta de petróleo. Cuba produce solo el 40 % del combustible que consume y depende críticamente de las importaciones.

Las recientes medidas estadounidenses que obstaculizan el acceso a petróleo han tensado la situación al máximo. Frente a ello, la respuesta gubernamental ha sido un paquete de medidas de emergencia que incluyen la reducción de la semana laboral estatal a cuatro días, limitaciones en la venta de combustible y la disminución del transporte interprovincial.

En Holguín, como en el resto del país, esto se traduce en una parálisis parcial de la vida económica y una gran incertidumbre, lo cual se convierte en el caldo de cultivo donde prospera el instinto de acopio, ya sea para la autosubsistencia o para el lucro.

En este complejo panorama, las Mipymes —actores económicos surgidos en los últimos años— se han convertido en proveedores clave de productos que escasean en la red estatal. No obstante, el Ministerio de Finanzas y Precios fijó precios máximos para seis productos de alta demanda (pollo, aceite, leche en polvo, etc.) que estas empresas venden, limitando además su margen de ganancia a un 30 %.

Lejos de solucionar el problema, esta medida ha tenido un efecto perverso: los productos regulados han desaparecido de los estantes formales y han reaparecido en el mercado negro a precios mucho más altos. Por ejemplo, el pollo que una Mipyme podría vender a 3 130 pesos pasa al mercado informal y se revende en la calle a 4 400 pesos.

Ante esta distorsión del mercado, la función de las autoridades de inspección y control es enormemente compleja. Su mandato es doble: por un lado, deben fiscalizar el cumplimiento de las regulaciones de precios en las tiendas en USD y las Mipymes —aunque la efectividad de esto es dudosa dada la migración de los productos a la clandestinidad— y, por otro, perseguir el acaparamiento y la reventa ilegal en el mercado informal. Esta última tarea implica identificar a quienes compran grandes volúmenes para especular, una labor difícil en medio de una compra generalizada por pánico.

Sin embargo, estas acciones necesarias para evitar abusos chocan contra una realidad económica abrumadora. La hiperinflación del peso cubano, el déficit fiscal y la escasez generalizada son fuerzas mucho más poderosas que cualquier control administrativo. Fiscalizar para que se vendan productos a precios «irreales» (según los costos actuales) puede, simplemente, lograr que esos productos dejen de venderse de forma legal.

Más allá de las cifras y las regulaciones, está la vida de las personas. Es verdad que las Mipymes son caras, pero es donde único se consigue comida. Cuando una familia gasta sus ahorros en comprar varios litros de aceite o kilos de harina, no siempre es con fines de lucro. Con frecuencia, es un acto de desesperación ante la certeza de que mañana será más difícil y más caro. Diferenciar este acto legítimo de supervivencia del acaparamiento con fines de especulación es el dilema humano en el centro de la crisis.

En definitiva, la situación en Holguín es un microcosmos de la encrucijada cubana. Las medidas de control, aunque bien intencionadas desde la perspectiva de proteger el poder adquisitivo, pueden agravar el problema si no se ataca la causa raíz: la severa crisis energética y la profunda distorsión cambiaria y monetaria.

Mientras no haya combustible para mover la economía y exista una brecha abismal entre el dólar oficial y el real, la presión por acaparar y la tentación de especular seguirán existiendo. La salida, como han reconocido las máximas autoridades, no puede ser solo de restricción y control, sino que requiere, urgentemente, de soluciones productivas que incrementen la oferta de bienes.

Mientras tanto, en las calles de Holguín, la lucha diaria por el sustento continúa, demostrando una vez más la capacidad de resiliencia del pueblo cubano, pero también señalando los límites de un enfoque que combate los síntomas sin poder curar la enfermedad de fondo.

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