Precios topados en Holguín, necesidad de vigilancia coherente y diálogo transparente

La implementación de los precios máximos minoristas, establecidos mediante la Resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios, representa un esfuerzo estatal dirigido a proteger el poder adquisitivo de la población frente a productos alimenticios y de aseo de alta demanda como el pollo, el aceite, las pastas alimenticias y el detergente.

Sin embargo, inquietudes legítimas surgen desde la base, como las expresadas por ciudadanos de Holguín, cuando se observa una brecha entre la norma y su aplicación efectiva en los eslabones mayoristas. Esta situación exige, más que nunca, el ejercicio de un periodismo responsable y un diálogo transparente, principios fundacionales de la recién implementada Ley de Comunicación Social.

Cierto es que existe un marco regulatorio, marcado por la sombra de su incumplimiento. La Resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios en la Gaceta Oficial No. 61 (ordinaria) fija precios tope claros. Por ejemplo, el kilogramo de pollo troceado no debe superar los 680 CUP, y el litro de aceite comestible los 990 CUP. La regulación permite a los actores económicos un margen de ganancia de hasta el 30% sobre costos y gastos, siempre que se respeten estos límites. Además, para aliviar la cadena de suministro, se exoneró del pago arancelario la importación de estos productos.

No obstante, la denuncia desde Holguín apunta a un problema crítico: la violación reiterada de estos topes en el canal mayorista, particularmente por parte de Mipymes. Esta práctica distorsiona toda la cadena. Si el mayorista vende al precio topado para el minorista o por encima, el pequeño comerciante (TCP) se ve forzado a asumir un costo que hace imposible la venta al precio regulado sin incurrir en pérdidas. El resultado es una paradoja perversa: mientras se sanciona al tendero de barrio, el origen de la sobrecarga de precios permanece sin un control aparentemente eficaz.

Esta no es una percepción aislada. Espacios de debate público como la sección «Vale-No vale» de Cubadebate recogen quejas idénticas. Ciudadanos como Lourdes señalan: «No vale: Que los inspectores no hagan su trabajo de forma permanente y no haya una vigilancia sostenida del cumplimiento de los precios topados (…) al tiempito vuelven a subir y no pasa nada». Otro comentario en el mismo foro advierte sobre el riesgo de que «los infractores se rían de las multas y continúen con sus emprendimientos abiertos».

El Ministerio del Comercio Interior (MINCIN) ha dado muestras de acciones de control. Recientemente, en La Habana, se detectaron y sancionaron irregularidades como la venta de productos vencidos, la falta de documentación y, significativamente, la violación de precios de productos de aseo e higiene. Estas multas, que alcanzaron los 30,000 CUP por productos vencidos, demuestran que el mecanismo inspector existe.

La pregunta que surge desde Holguín, y que este medio hace propia, es: ¿estas acciones son sostenidas y extensivas a todos los actores de la cadena, incluidas las Mipymes mayoristas? La ciudadanía tiene el derecho constitucional a ser informada sobre la gestión del Estado. Por ello, es pertinente y necesario que las autoridades provinciales de Holguín —del Gobierno, la Administración, Finanzas y Precios, y el Comercio Interior— expliquen públicamente. ¿Cuántas inspecciones se han realizado a almacenes mayoristas desde la vigencia de la Resolución 225?, ¿Se han detectado violaciones de precios en este eslabón?, ¿Qué sanciones se han aplicado?, ¿Qué estrategia específica se ejecuta para supervisar el cumplimiento en la venta al por mayor, que es la raíz del problema señalado?

Como bien establece la Ley de Comunicación Social, los servidores públicos tienen la obligación de informar de manera oportuna y veraz sobre asuntos que impactan a la población. Un diálogo abierto sobre este tema no solo aclararía dudas, sino que fortalecería la credibilidad de las medidas de protección social.

La preocupación de que la presión recaiga únicamente en los TCP de barrio es válida. Eliminar los precios topados, como bien señala la voz ciudadana, dejaría desprotegidos a los más vulnerables. La solución parece apuntar hacia un enfoque más integral y coherente. La inspección debe ser rigurosa y prioritaria en los puntos mayoristas. Controlar el precio aquí es evitar que la inflación se transmita a toda la cadena.

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El desafío de los precios desbocados

Otro aspecto que resulta contradictorio es que se fomente el pago electrónico mientras muchos establecimientos, incluyendo Mipymes, rechazan transferencias. Esta práctica, además de molestar a la población, opaca la transparencia de las transacciones.

En tanto se exige por la población la necesidad de que, periódicamente, se informe sobre los resultados del control de precios pues genera confianza y disuade a los infractores.

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha enfatizado que la comunicación debe servir para «favorecer la participación, la transparencia, la rendición de cuentas; para poner en común (…) generar consenso». El caso de los precios en Holguín es una oportunidad para poner en práctica este principio.

La economía cubana enfrenta desafíos complejos, agravados por un férreo bloqueo externo. En este contexto, las políticas internas deben caracterizarse por una aplicación justa y un diálogo sin ambages. Solo así se protegerá efectivamente el bolsillo de los trabajadores, se desestimularán las distorsiones del mercado y se fortalecerá la confianza en las instituciones. La ley y su vigilancia deben ser para todos, o no serán efectivas para nadie.