Cuando la conectividad teje una red desigual

Vamos a comenzar por el final, que a veces es el principio más claro. Hablando de conectividad, en el pasado año 2025, el 30 de mayo para ser específicos,  la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) implementó un nuevo paquete de ofertas para el servicio móvil prepago. Es sencilla en su formulación técnica: se limita la recarga en moneda nacional (CUP) a un tope de 360 CUP (equivalente a unos 6 GB de datos en el plan más caro) por ciclo de 30 días.

Para aspirar a más, el camino se bifurca hacia dos opciones igualmente abruptas (¿locas?): adquirir “planes extras” a precios que rozan lo surrealista (3.360 CUP por 3 GB adicionales) o, en un giro que habla por sí solo, depender de recargas en divisas desde el exterior. Como si el acceso al conocimiento y la comunicación en el siglo XXI fuera un lujo, un paquete que te envía la familia desde Miami.

¡CURIOSIDAD!: ¿Me estás vendiendo 2 gb por 1200 pesos, cuando antes accedí a 6 GB, por 360 pesos? ¿Triplicas el precio? ¿El dinero con el que podría acceder a 18 gb de datos lo tengo que gastar en 2 gb adicionales?

 

Pues no hablamos de una simple actualización tarifaria. Hablamos de la consolidación de un dique (económico) en el flujo de información, un dique que impacta en un sector vital y frágil: los estudiantes universitarios. Y por extensión, en el desarrollo mismo de una sociedad que paradójicamente, ha tenido desde hace décadas una visión estratégica –a veces pionera, siempre compleja– sobre la informatización.

Recordemos, para ser justos con la historia.

El país no partió de cero. Como bien documenta Cruz Capote (2022), el proceso cubano de informatización atravesó etapas definidas, con hitos admirables: la creación en 1987 de los Joven Club de Computación y Electrónica, una idea audaz de socialización tecnológica masiva y gratuita; el nacimiento de INFOMED en 1992; la introducción de la enseñanza masiva de computación en las escuelas (1999); la fundación de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) en 2002, una apuesta por la soberanía tecnológica.

El 22 de agosto de 1996, Cuba se conectó oficialmente a Internet, vía satélite, desde el Centro de Intercambio Automatizado de Información (CENIAI), con un ancho de banda precario para las ambiciones de una nación. Como apuntó Isbel Díaz Torres (2009), «Cuba disponía de Internet desde 1996 mediante un enlace por satélite, con un ancho de banda que le permitía apenas 393 megabytes por segundo de bajada y 209 de subida».

 

El marco jurídico de igual forma ha intentado ponerse a la altura. El Decreto-Ley No. 370/2018 sobre la Informatización de la Sociedad es explícito en su artículo 1: «El Estado promueve el desarrollo y utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicación, con el objetivo de que constituyan una fuerza política, científica y económica…».

Su artículo 2 va más lejos, definiendo la informatización como un proceso para «satisfacer gradualmente las necesidades de todas las esferas de la vida social… y aumento de la calidad de vida de los ciudadanos». Son palabras sólidas, que chocan contra la realidad cotidiana del estudiante que calcula megabytes para ver si puede descargar un libro, artículo, bibliografía, ¡información! ¡Conocimiento!

¡CURIOSIDAD!: Lector, la anterior intervención se debe a que semanas más tarde, ETECSA se exhibió con una nueva oferta de 1200 pesos… a la cual se puede acceder una sola vez al mes, no cuanto se necesite.  ¡Pero! de igual forma…

Pues el punto no está en la letra de la ley, sino en que se materialice el acceso…

Y aquí entran en tensión dos factores omnipresentes en la realidad cubana: las limitaciones estructurales internas y el bloqueo económico externo. Es un círculo vicioso perfecto. Díaz Torres (2009) lo describía con crudeza hace unos años, y sigue en pie: «El carácter extraterritorial de las leyes estadounidenses… ha impactado negativamente en los niveles de acceso a Internet en la isla». Se le prohíbe a Cuba conectarse al cable ARCOS-1 que pasa a 32 km de La Habana, se le bloquea el acceso a más del 60% del software mundial, se le encarece cada transacción al tener que acudir a terceros países. Esto, indiscutiblemente, «ha impactado en la mejora de la infraestructura de telecomunicaciones, de modo que se perciba obsoleta», como reconoce Cruz Capote (2022).

 

Sin embargo, este factor externo, real y asfixiante, no puede convertirse en el único espectro al que apuntar. Porque las decisiones de política interna también moldean el hecho.

La llegada del cable de fibra óptica ALBA-1 en 2011 supuso un salto, mejorando notablemente la conectividad de centros universitarios y estatales. Pero el acceso asequible, sigue siendo una promesa. La investigación de Cruz Capote (2022) con jóvenes habaneros apunta lo siguiente: «Internamente aún los precios se mantienen elevados para una muestra donde la inmensa mayoría son estudiantes y dependen en lo fundamental de la economía familiar…». Y añade un diagnóstico: se fomentan desigualdades sociales a través de brechas materiales (conexión, precios, posibilidades económicas) y brechas no materiales (falta de conocimientos para un uso creativo y crítico).

¿Y qué significa todo esto en la vida concreta de un universitario?

Imaginemos a un estudiante de Sociología en la Universidad de Holguín, o a uno de Ingeniería en la UCI. Su mundo académico, como señalan Riverón Rodríguez et al. (2021), está inexorablemente ligado a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): «el desarrollo científico tecnológico es un aspecto evidente y real en nuestra sociedad actual por lo que es difícil encontrar una profesión o un momento en nuestra vida social donde no estén presentes».

Necesitan (necesitamos) acceder a bibliotecas digitales internacionales, repositorios académicos, consultar bases de datos, tal vez colaborar en proyectos con estudiantes de otras universidades del mundo, utilizar software especializado, asistir a conferencias, seminarios, cursos online… ¡ACCEDER!

La universidad cubana, como institución, lo CONOCE. Carrizo 2010, citado en Riverón Rodríguez et al., 2021) señala que «la utilización de las TIC puede ser una estrategia decisiva para el desarrollo de las instituciones de Educación Superior».

Pero la estrategia se topa con las posibilidades personales.

Con la “nueva” política de ETECSA, el estudiante, cuyo sustento familiar difícilmente supera unos pocos miles de CUP mensuales, se ve ante un dilema cruel: dedicar una parte significativa del presupuesto doméstico a comprar unos gigabytes extra a precio de oro (o recargar el saldo con gente que se dedica a multiplicar 360 por otro número, dando una suma de 1000, y como el negocio es el negocio, se le paga al negociante –un poco menos- y no al dueño) o conformarse con una cuota raquítica que se agota en unas horas de navegación decente (buena conexión).

 

Digamos que el uso investigativo, intensivo, profundo, queda fuera de su alcance. Se prioriza, por fuerza, la comunicación en aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Messenger, Telegram) y un consumo rápido y superficial (Instagram, Facebook, Youtube). Como advierte Área (2003), el riesgo es crear «analfabetos tecnológicos» funcionales: ciudadanos que, aunque se conecten, no pueden «utilizar la red para una mejora de la calidad de las interacciones humanas» o para el desarrollo profesional. Se consume información como mercancía escasa, no se construye conocimiento.

Esta brecha, que no es neutral, tiene un efecto distorsionador en la formación de la futura clase profesional y técnica del país. El estudiante de medicina que no puede acceder a las últimas publicaciones de su carrera, el de ingeniería que no puede descargar un modelo de simulación, el de ciencias sociales que no puede actualizarse constantemente, está recibiendo una educación amputada.

Se profundiza, así, otra brecha: la cognitiva y de oportunidades. Como plantea el IIPE-Unesco (2006, citado en Riverón Rodríguez et al., 2021), el reto está en usar las TIC para «achicar la brecha entre los “incluidos” y los “excluidos”». En cambio, parece estar ensanchándose.

¡CURIOSIDAD!: …como sacado de un plan (planeado, valga la redundancia), el “plan sectorial” se planteó, se vendió, se ejecutó (de forma más o menos a prisa) pero hay que ser sinceros y RECLAMAR que TAMPOCO alcanza a muchos, además de que un solo sector (EL ESTUDIANTIL) no es el único que necesita INTERNET.

Hay además una dimensión generacional y cultural en este nudo. Martínez González (2017) habla de la «inversión del proceso educativo», donde los jóvenes «nativos digitales» podrían –en condiciones ideales– enseñar a los «inmigrantes digitales». Pero, ¿cómo puede darse esta inversión creativa si el nativo digital cubano es, a la vez, un náufrago en este mar? Su potencial para reconfigurar los espacios sociales, como apunta Calciati (2010, citado en Riverón Rodríguez et al., 2021), se ve limitado por una infraestructura que no permite que el espacio social en red «se interpenetre» de manera rica y libre con las redes presenciales.

Al final, el panorama que se dibuja es el de una paradoja. Por un lado, un país que ha legislado a favor de la informatización, que ha creado instituciones formativas de vanguardia y que reconoce al menos en el discurso el papel clave de las TIC para el desarrollo. Por otro, una realidad económica y de políticas de acceso que pausa la materialización del hecho, especialmente para sus jóvenes más talentosos y necesitados.

El bloqueo es un peso muerto, cierto. Pero la decisión de establecer un tope en moneda nacional y abrir una vía “premium” en divisas internaliza y reproduce esas lógica de escasez, transformando la desigualdad económica preexistente en una nueva y más profunda desigualdad informacional.

La pregunta entonces deja de ser meramente técnica.  Se transforma en una cuestión social y de proyecto de país.

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¿Qué tipo de profesional, qué tipo de ciudadano, qué tipo de sociedad se está formando en este espacio de conexiones limitadas? Como sentenciara Área (2003), «aquellos ciudadanos que no estén cualificados para el uso de las TIC tendrán altas probabilidades de ser marginados culturales en la sociedad del siglo XXI».

El riesgo no es solo que un estudiante no descargue un libro. El riesgo es que Cuba, en su lucha por no quedar desconectada del mundo, termine creando una generación de jóvenes brillantes que navegan, a duras penas, en la periferia de la sociedad del conocimiento. Y eso, más que un problema de megabytes, es una tragedia para el desarrollo.

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Autor: Liam Bornot, estudiante de periodismo.