Los nombres Elianne, Heidi, Rosa Idania y Yinet ya no son solo nombres. Son símbolos de un tema que si bien no es silenciado tampoco es transparente. En redes sociales cada día aparecen denuncias de familiares buscando respuesta ante casos de violencia y asesinato de mujeres presuntamente por sus parejas en un lapso devastadoramente corto, sus historias exponen la cruda paradoja cubana: un país que ha edificado un marco legal pionero contra la violencia de género, pero que lucha por traducirlo en protección tangible y efectiva para todas las mujeres en su territorio.
Estos hechos no son casos aislados, son la punta del iceberg de un problema estructural que demanda una acción colectiva sin demora.
Frente a esta realidad, es imprescindible reconocer los avances institucionales. Cuba ha construido, en efecto, un andamiaje jurídico robusto. La Constitución de 2019 sanciona la violencia familiar. Su espíritu se materializa en instrumentos de vanguardia como el Código de las Familias (2022), que por primera vez define legalmente la violencia de género y faculta a las víctimas para reclamar indemnizaciones.
En sintonía, el Código Penal (2022) agrava las penas por estos delitos e introduce medidas cautelares cruciales, como la orden de alejamiento. Este esfuerzo normativo se articula mediante el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y una Estrategia Integral de Prevención y Atención, que buscan coordinar la respuesta estatal.
Sin embargo, una poderosa demanda ciudadana persiste: la de una Ley Integral contra la Violencia de Género. Para activistas y colectivos, una legislación específica es fundamental para consolidar derechos, garantizar la creación de una red de refugios especializados y estandarizar protocolos únicos de actuación en todas las instituciones.
La postura oficial, avalada por juristas, argumenta que los nuevos códigos y la estrategia ya constituyen una respuesta normativa completa. Este debate no es semántico; refleja una divergencia sobre la herramienta idónea para atajar la crisis.
La brecha más crítica, no obstante, se abre entre el papel y la práctica. Pese a los mandatos de la Estrategia Integral, testimonios reiterados revelan una aplicación desigual de los protocolos.
Paralelamente, la opacidad estadística socava la respuesta. Mientras observatorios de la sociedad civil documentan cifras en tiempo cercano, las estadísticas oficiales son fragmentadas y carecen de transparencia periódica, dificultando el diagnóstico certero y la evaluación de políticas.
Un desafío que trasciende los códigos
La violencia machista es un mal cultural arraigado que no se derrotará únicamente con leyes, por avanzadas que estas sean.
La complejidad del fenómeno exige una respuesta multifacética y sincronizada. Es imperioso lograr la aplicación rigurosa, sensible y uniforme de las herramientas existentes en cada municipio, en cada tribunal. Debe impulsarse, con mayor vigor, un cambio educativo profundo que desmonte los estereotipos desde la niñez. Y debe fomentarse la denuncia como un acto de responsabilidad cívica protegido y escuchado.
La Federación de Mujeres Cubanas, los Consejos de Prevención Social, la Fiscalía y el sistema judicial son pilares indispensables en este enfrentamiento. Sin embargo, la efectividad final de este engranaje se mide en un solo resultado: la integridad y la vida de las mujeres.
Cada feminicidio es un fallo sistémico y una llamada trágica a redoblar los esfuerzos. La batalla es, en efecto, de toda la sociedad. Su primer paso irrevocable es reconocer que, mientras una sola mujer tema por su vida dentro de su propio hogar, el trabajo está inconcluso. El compromiso debe ser cerrar, de una vez y para siempre, la brecha abismal entre el derecho escrito y la protección real.
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