En el dinámico y diverso panorama económico de Holguín, donde conviven formas de gestión estatal y no estatal, se ha hecho evidente una contradicción que afecta directamente el bienestar de la población y la eficiencia comercial: el crítico desequilibrio entre el creciente uso de los pagos electrónicos y las persistentes dificultades para acceder al dinero en efectivo.
Es alentador el desarrollo de actores como los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP), las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y las Cooperativas no Agropecuarias. Sin embargo, el correcto funcionamiento de toda la economía se ve entorpecido por un eslabón crítico: la liquidez.
Este problema no distingue entre sectores, afectando por igual a los trabajadores estatales que reciben su salario en tarjeta y a los de las nuevas formas de gestión.
Los trabajadores —tanto del sector estatal como no estatal— que reciben sus salarios de forma legítima en tarjetas bancarias se enfrentan a diario al desafío de convertir ese ingreso digital en billetes tangibles.
Si bien la banca ha impulsado los canales digitales, la necesidad de efectivo para transacciones informales, transportación, compras en mercados agropecuarios y otros gastos cotidianos, sigue siendo una realidad ineludible para la inmensa mayoría de las familias holguineras.
La situación se complejiza al observar que la disponibilidad de efectivo en las oficinas bancarias es limitada, un problema que trasciende lo local y se vincula a desafíos logísticos y de suministro a nivel nacional. Los cajeros automáticos, si bien son una vía, priorizan de manera comprensible a los adultos mayores pensionados.
Esta lógica, aunque responde a un principio de protección social, deja a la población trabajadora en una situación de desventaja.
Uno de los principales dilemas a los que se enfrentan los trabajadores es el de no tener la liquidez monetaria para acceder a servicios como la compra de alimentos en placitas, mercados estatales o simplemente en las carretillas o incluso muchas mipymes en las que todavía no se acepta el pago electrónico.
Día a día los trabajadores enfrentamos un ecosistema económico en el que servicios básicos, imprescindibles para el buen funcionamiento de la vida social y económica dependen del efectivo.
Entonces, bien vale preguntarse: ¿Qué regulaciones nos amparan?
Frente a este escenario, es imprescindible recordar el marco legal. El Decreto-Ley 91/2024, que establece las reglas para los pagos electrónicos, es claro en su objetivo de impulsar la bancarización.
La normativa establece la obligatoriedad para todos los comercios minoristas —desde una TCP hasta una gran tienda estatal— de aceptar pagos mediante tarjetas magnéticas y otras modalidades electrónicas. Queda explícitamente prohibido rechazar un pago electrónico bajo argumentos como haber alcanzado un «límite» de operaciones o montos, una práctica que, aunque comprensible dada la crisis de efectivo, constituye una violación legal. Como bien se ha informado, el incumplimiento de esta disposición acarrea sanciones económicas severas, lo que demuestra la voluntad estatal de consolidar esta vía.
Sin embargo, la solución no puede recaer únicamente en la exigencia y sanción a los negocios, quienes a su vez necesitan ese efectivo para sus operaciones internas y para pagar a proveedores que también operan en cash.
La raíz del problema es profundamente sistémica. Por ello, se requiere una acción urgente y coordinada que involucre de manera más efectiva al sistema bancario provincial, los actores económicos de todos los sectores y los cuerpos de Inspección y control.
Es necesario un plan integral que trabaje en múltiples frentes: incrementar la disponibilidad física de efectivo en las sucursales, optimizar los horarios de atención para reducir aglomeraciones y explorar mecanismos de distribución más equilibrados que atiendan tanto a pensionados como a la masa trabajadora en general. Asimismo, es vital una labor de educación que explique no solo las ventajas, sino el marco obligatorio de los pagos digitales legislado por el Decreto-Ley 91/2024.
Garantizar que el fruto del trabajo de todos los holguineros —sin importar su sector de empleo— pueda ser utilizado sin obstáculos es una prioridad. Resolver esta contradicción no solo mejorará la vida cotidiana y la eficiencia comercial, sino que fortalecerá la confianza en las instituciones.
La exigencia legal del pago digital debe ir, inevitablemente, acompañada de la garantía de acceso al efectivo para que la norma sea viable. Es un reto complejo, pero que debemos y podemos superar con una estrategia unida y consciente de todas las aristas del problema.
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