La reciente valoración de las principales incidencias delictivas en la provincia de Holguín, presidida por su primer secretario del Partido Comunista de Cuba Joel Queipo Ruíz y su gobernador Manuel Hernández Aguilera, evidencia un proceso de análisis riguroso y de movilización de los organismos y la sociedad para enfrentar este fenómeno.
Si bien es alentador que, de manera general, la cifra de 17 mil 204 actividades delictivas en el año muestre una tendencia a la disminución desde el mes de julio y sea inferior a la del mismo período del año anterior, el análisis del mes de octubre revela tendencias específicas que requieren una mirada profunda y sobre todo, acciones concretas.
Los Consejos Populares más afectados suman 19, entre ellos San Andrés y La Caridad en el municipio de Rafael Freyre.
El hecho de que los robos con fuerza, el hurto y el sacrificio ilegal de ganado mayor representen el 86 % de las mil 194 denuncias del mes, es una señal clara de que las causas fundamentales hay que buscarlas en presiones socioeconómicas objetivas.
Estas figuras delictivas, que afectan directamente el patrimonio de la población y los recursos del Estado, no surgen en el vacío. Su incremento apunta a la persistencia de dificultades económicas que, en un segmento de la sociedad, encuentran salida en conductas ilícitas.
Un análisis detenido permite identificar varios factores que contribuyen a este escenario:
La vulnerabilidad de objetivos
El aumento de los robos con fuerza en viviendas sin moradores y en entidades estatales (con 50 incidentes solo en octubre) indica una clara debilidad en los mecanismos de protección y control. Esto no es solo un problema de seguridad ciudadana, sino también de disciplina y organización interna en centros laborales y de medidas de vigilancia colectiva en las comunidades.
La efectividad de las medidas
El que se haya logrado contener la ocurrencia en nueve municipios como Mayarí demuestra que cuando se aplican estrategias localizadas y se prioriza el enfrentamiento, hay resultados positivos. Sin embargo, el hecho de que municipios como Holguín y Moa sigan mostrando los registros más altos sugiere que esas medidas deben ser reevaluadas y fortalecidas en esos territorios, adaptándolas a sus particularidades.
Existen desafíos en la economía interna
El llamado explícito de los representantes del Ministerio del Interior (Minint) y la dirección política a atender los delitos contra la economía en las instituciones estatales es una alerta máxima. Revela la existencia de resquicios por donde se filtra la indisciplina, la corrupción y la negligencia, que facilitan el robo y el desvío de recursos.
La exigencia de que los directivos actualicen constantemente los planes de enfrentamiento es un reconocimiento de que las tácticas delictivas evolucionan y las defensas institucionales deben hacerlo a la misma velocidad.

La reunión, con la participación de todos los sectores de la sociedad y la economía, es en sí misma el camino correcto. No basta con el trabajo de los órganos de control y vigilancia; se requiere una respuesta que evalúe tanto causas como soluciones.
La batalla contra estas manifestaciones delictivas se gana en varios frentes: con una mayor eficacia en la protección de los bienes estatales y personales, con el fortalecimiento de los mecanismos de control y, de manera crucial, con la continua atención a las problemáticas sociales que subyacen tras estas conductas.
El llamado está hecho. La dirección de la provincia ha puesto el tema sobre la mesa con transparencia. Ahora, la respuesta debe ser coordinada, enérgica y sostenida, donde cada organismo, cada institución y cada ciudadano en su comunidad asuman su rol protagónico en la defensa del orden y el patrimonio de la Revolución.
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