La entrada en vigor el pasado 1 de noviembre de las leyes 171 de Migración, 172 de Ciudadanía y 173 de Extranjería marca una actualización del marco jurídico cubano en materia migratoria.
Las normas, aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2024 y publicadas en la Gaceta Oficial en mayo de 2026, regulan los procesos de entrada, salida y residencia en el país, así como los derechos y deberes relacionados con la ciudadanía y la permanencia de extranjeros en territorio nacional.
Entre sus principales novedades figura la eliminación del límite de 24 meses de permanencia en el exterior que establecía la legislación anterior. Esto significa que los ciudadanos cubanos podrán residir fuera del país sin que el tiempo de ausencia implique, por sí solo, la pérdida de sus derechos migratorios o patrimoniales.
Asimismo, quienes viven en el exterior podrán permanecer en Cuba sin un límite de estancia ni la necesidad de solicitar prórrogas.
Otro cambio importante es la incorporación del concepto de residencia efectiva migratoria. Para determinarla se tendrá en cuenta, de manera general, la permanencia en Cuba durante más de 180 días en el año anterior.
También podrá reconocerse a quienes hayan permanecido más de 120 días, siempre que demuestren vínculos familiares, laborales, económicos o patrimoniales con el país.
En materia de ciudadanía, la nueva legislación establece que adquirir otra nacionalidad no implica perder la cubana. Sin embargo, mientras permanezcan en territorio nacional, los ciudadanos deberán identificarse y actuar como cubanos, incluidos los trámites de entrada y salida, para los cuales se mantiene el requisito del pasaporte cubano vigente.
Además, por primera vez se regulan expresamente los procedimientos para renunciar a la ciudadanía y solicitar su recuperación.
La normativa incorpora también la condición migratoria de Inversores y Negocios, dirigida a cubanos residentes en el exterior que participen en actividades económicas autorizadas, como proyectos de inversión, mipymes y cooperativas no agropecuarias.
Para los extranjeros se establecen nuevas categorías, entre ellas las residencias provisional y humanitaria, esta última destinada a personas que requieran protección especial por razones de vulnerabilidad.
Pero junto a estos cambios también permanecen disposiciones que merecen atención. La legislación contempla circunstancias en las que las autoridades pueden impedir la salida del país o limitar excepcionalmente la entrada de ciudadanos cubanos.
Asimismo, la Ley de Ciudadanía establece supuestos en los que puede disponerse la privación de la ciudadanía, entre ellos determinados actos realizados desde el exterior que se consideren contrarios a los intereses políticos, económicos y sociales del país.
Como toda actualización jurídica, el alcance de estas normas no se mide únicamente por lo que establecen sus artículos, sino también por la manera en que se aplican y por las garantías que tengan las personas para ejercer sus derechos y recurrir las decisiones administrativas.
La reforma abre nuevas posibilidades para los vínculos familiares, económicos y patrimoniales entre Cuba y sus ciudadanos residentes en el exterior.
Al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre la aplicación de determinados procedimientos y el equilibrio entre las facultades del Estado y las garantías individuales.
Más allá de las disposiciones legales, queda una cuestión esencial: ¿hasta qué punto estos cambios lograrán responder a las realidades actuales de la movilidad de los cubanos y fortalecer, en la práctica, sus vínculos con el país?
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