El paisaje urbano y comercial de la provincia de Holguín atraviesa un punto de giro tan silencioso como profundo. Bajo el amparo de sucesivas normativas —desde la ya conocida Resolución 40/2022 del Ministerio del Comercio Interior (Mincin) hasta las más recientes convocatorias del Grupo Empresarial de Comercio, CIMEX y otras entidades.
Locales gastronómicos, unidades comerciales, centros de distribución e instalaciones turísticas y feriales de gran calado están migrando de manos estatales a la órbita de los nuevos actores económicos: trabajadores por cuenta propia (TCP), cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Sin embargo, más allá de la fría letra de los pliegos de bases y los sobres sellados, la gran pregunta que flota en el ambiente es: ¿qué significa esto para el ciudadano de a pie y cómo transformará la identidad de espacios que durante décadas definieron la vida social de los holguineros?
La licitación de la Empresa Recinto de Exposiciones de Holguín (Expo-Holguín) — incluye el Área Expositiva, Expo-Plaza, la Parrillada, el Parque Infantil, el Gacebo, la Sala Polivalente, el Área de sublimación, las áreas para parqueos y los espacios techados para usos múltiples—. El Hotel Turquino que comprende la Terraza, el Bar, el Restaurant y las habitaciones; el Hotel Don José; la Villa Cristal —incluye el Bar, la Parrillada, la Piscina y las habitaciones—. Asimismo la Casa de alojamiento, que abarca el Patio de Casa la Ceiba y el Lobby carpeta Casa Peralta 2.
Esto no es un caso aislado en Holguín. Desde CIMEX hasta Palmares, una transferencia de la gestión bajo el nombre de reactivación de activos se extiende por toda la provincia y el país. Desde la economía, se trata de un ajuste racional ante la incapacidad estatal de asumir costos de mantenimiento y energía; pero desde la Ley de Comunicación Social, el asunto es más complejo que quién administra: cuando estos lugares que cargan memoria colectiva pierden el cartel estatal y cambian de identidad visual, el contrato que los unía al público se resquebraja.
El costo invisible de rescatar espacios
Las condiciones centrales del pliego de licitación ya lo dicen todo: el arrendatario debe «asumir todos los gastos de reparación y mantenimiento» y «garantizar la independencia energética mediante fuentes renovables». En un país donde la red eléctrica falla con frecuencia y los materiales para la construcción escasean, estas dos exigencias traducidas al lenguaje económico significan que el Estado transfiere los costos de reparación y los riesgos energéticos. El arrendatario no es una entidad benéfica; cada peso invertido acabará recuperándose del consumidor.
Más preocupante aún es la transferencia de cargas históricas. Los arrendatarios no solo deben asumir los altísimos costos de reparación y mantenimiento de inmuebles severamente golpeados por años de desinversión, sino que enfrentan exigencias estructurales mayúsculas, como garantizar la independencia energética mediante fuentes de energía renovable en medio de una crisis energética nacional. En la práctica, el Estado cede la gestión, pero traslada al sector privado un pasivo financiero monumental, lo que inevitablemente se traducirá en un incremento de precios para compensar el riesgo.
¿Quién le pone precio al servicio?
Para la población en general, el impacto de este traspaso es de doble filo. Por un lado, la reapertura de espacios cerrados y la mejora estética de unidades comerciales y recreativas devuelven opciones de esparcimiento y consumo a las comunidades. Lugares emblemáticos que languidecían en el abandono recuperan pulso.
No obstante, este renacimiento comercial conlleva una profunda transformación identitaria y social. Cuando un espacio estatal —concebido originalmente con un sentido de vocación pública y de servicio social subsidiado— pasa a manos privadas bajo un esquema de rigurosa rentabilidad, el perfil del lugar cambia radicalmente.
Las unidades que antes garantizaban un acceso más democrático a bienes y servicios se transforman rápidamente en espacios donde los precios responden estrictamente a la lógica del mercado inflacionario actual. Para una gran parte de la población cuyos salarios o pensiones corren por detrás de la inflación, el acceso a estos locales remozados se vuelve prohibitivo.
Espacios como la fábrica de Helados Bim Bom, panaderías tradicionales, o complejos recreativos como el de Expo-Holguín, no son solo unidades económicas; son hitos de la sociabilidad holguinera. Al privatizarse su gestión (aún bajo la figura jurídica de la «producción cooperativa» o el «arrendamiento»), la prioridad del nuevo administrador es el balance financiero, lo que a menudo desdibuja el compromiso comunitario que alguna vez tuvieron.
Profesores en economía cubana han señalado que los plazos extremadamente cortos de este tipo de licitaciones —apenas de 10 días— limitan la competencia real y favorecen a quienes tienen información interna o contactos. La licitación se presenta como abierta a todos los nuevos actores económicos, pero en la práctica puede fluir hacia unos pocos con recursos.
Las 13 unidades comerciales que CIMEX saca simultáneamente y los cafés que Palmares licita en La Habana siguen la misma ruta: el Estado conserva la propiedad y abandona el carácter público de la operación; el arrendatario obtiene la gestión, pero debe sobrevivir en un mercado con la oferta de la mano de la inflación. Ambas partes saben que la única vía para mantener la rentabilidad es apuntar a la minoría con divisas, remesas o ingresos informales. Para el residente común, esto significa que otro espacio público familiar se convierte en un lugar al que hay que acercarse calculando primero el bolsillo.
El desafío social detrás de la descentralización comercial
La Ley de Comunicación Social (Ley 162/2023) y su reglamento sobre publicidad y patrocinio, vigentes desde octubre de 2024, se aplican a «órganos del Estado, entidades, organizaciones de masas, medios de comunicación y todas las personas naturales y jurídicas», y exigen explícitamente que la publicidad «respete la historia y la identidad cultural del pueblo cubano y promueva los valores de la sociedad socialista». Sin embargo, cuando un complejo público pasa a gestión privada arrendada, ¿su nombre, su logotipo, su esquema de colores —elementos constitutivos de la identidad visual institucional— caen dentro del ámbito regulatorio de la «publicidad y el patrocinio»? La ley no responde directamente.
Más aun: uno de los objetivos consagrados en el artículo 7 de la ley es «poner de relieve la identidad, la cultura, los valores, los símbolos y la historia de la nación». En el caso específico del Recinto Ferial Expo-Holguín, como espacio nuclear de exposiciones y eventos de Holguín, lleva en su nombre una carga simbólica de cultura pública local.
Una vez que el arrendatario rediseñe o no, el sistema visual con lógica comercial —podría cambiar los colores del cartel, introducir logotipos de marca o ajustar la denominación de los espacios—, ¿ese proceso requiere deliberación pública? La Ley de Comunicación Social subraya la «gestión sistémica e integrada de la comunicación social», pero en el marco del arrendamiento, la facultad de decidir la identidad visual se transfiere junto con la operación, y el público queda excluido de la decisión.
El reglamento de publicidad y patrocinio establece límites de tiempo para la publicidad en televisión y radio, y exige proteger a menores, adultos mayores y grupos vulnerables. Pero cuando un complejo público se convierte en un espacio de operación comercial, ¿quién revisa la densidad y el contenido de los anuncios en fachadas, la señalética interior y la información promocional? ¿Bajo qué estándares? La ley apunta a que «la emisión publicitaria requiere autorización del Instituto de Información y Comunicación Social», pero la presentación visual cotidiana en el marco del arrendamiento evidentemente no queda cubierta por ese marco de aprobación. El resultado es que la identidad de un espacio público está siendo redefinida, y quien la define no es el público ni la ley, sino el balance del arrendatario.
Para los residentes de Holguín, el cambio más directo quizá no sea «quién se quedó con los espacios en licitación», sino «si todavía parece el mismo lugar». Si las ferias siguen siendo gratuitas, si el parque infantil sigue siendo asequible, si queda algún rincón donde una familia pueda sentarse un fin de semana sin consumir: estas preguntas no tienen respuestas ni en el pliego de licitación ni en la Ley de Comunicación Social, porque el primero se ocupa de las obligaciones del arrendatario y la segunda regula la conducta de medios y publicidad. Y en el tránsito de un complejo público de «servir a los ciudadanos» a «cubrir costos», la transformación gradual de su identidad visual y su carácter espacial caen justo en la grieta entre ambos.
El proceso de licitación en Holguín es, indiscutiblemente, un reconocimiento tácito de que el modelo de gestión estatal centralizada de los servicios de proximidad agotó su margen operativo. La descentralización era y es necesaria.
No obstante, el éxito de esta transformación no debe medirse únicamente en cuántos locales logran sacarse de encima de los balances estatales o cuántos privados consiguen contratos de arrendamiento. El verdadero medidor social será si este proceso logra traducirse en una mejora real, inclusiva y accesible de la calidad de vida de los holguineros.
Si la privatización de la gestión se convierte en un mecanismo de exclusión donde solo unos pocos pueden consumir, y donde el Estado abdica de su rol regulador frente a la especulación de precios, la solución habrá terminado por agravar las brechas sociales que pretendía cerrar. La ciudad cambia de rostro, pero la gran prueba de fuego sigue siendo para quién y al alcance de quién se construye ese nuevo futuro comercial.
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