El acoso escolar y el ciberacoso son fenómenos globales: atraviesan fronteras, sistemas educativos y niveles socioeconómicos. La Unesco los conmemora cada año precisamente porque ninguna sociedad está a salvo.
Pero en Cuba hay una diferencia de ritmo. A medida que las redes sociales toman auge, el problema crece de forma exponencial. La conectividad llegó antes que la educación digital, y los espacios de convivencia virtual se han convertido en territorios sin reglas claras, donde el insulto viaja más rápido que cualquier reflexión.
Y no se trata solo de tecnología. Hemos crecido con una norma social que convierte el apodo ofensivo en algo común. El sobrenombre por el defecto físico, por el color de piel, por la forma de hablar o por la orientación sexual se naturaliza hasta tal punto que deja de verse como violencia. Nos reímos, replicamos el gesto, lo compartimos. Y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en parte del problema.
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A esa misma lógica responde algo que se vuelve cotidiano en Cuba: los videos de niños y adolescentes golpeándose entre sí, muchas veces con sus uniformes escolares puestos, grabados con el teléfono y luego expuestos en las redes como si fueran parte del entretenimiento. Alguien filma, alguien sube el clip, otros lo comparten y comentan con juicios ligeros.
Nadie interviene para separar la pelea, nadie avisa a la escuela ni a la familia, nadie se pregunta qué le pasó a ese menor antes, durante o después del incidente. El dolor se convierte en contenido, la agresión en espectáculo y la víctima en un rostro anónimo que circula sin su consentimiento. En lugar de ayudar, corregir o acompañar, la respuesta colectiva es grabar, publicar y mirar.
Durante años hemos sido testigos mudos mientras compañeros de aula agredían o maltrataban a otros. El silencio de quien observa se vuelve complicidad; el coro de risas sella el pacto de no intervenir. Esa pasividad no es inocente: multiplica el daño, sobre todo cuando la escena queda fijada en una pantalla que cualquiera puede volver a ver, una y otra vez, sin límite ni contexto.
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Frente al acoso escolar, las leyes son un punto de partida necesario. El Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes reconoce el derecho de los menores a crecer en entornos protegidos, obliga a las escuelas a ampararlos y menciona de forma expresa el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes y la manipulación en línea.
Pero una ley no borra un grupo de WhatsApp, no elimina un video que ya se compartió ni cambia una cultura que durante décadas ha permitido el insulto. El desafío cubano no es solo legislativo. Es de mirada: dejar de ver la ofensa como broma, la brutalidad como entretenimiento, el silencio como prudencia y el acoso como un espectáculo que se contempla desde la seguridad de una pantalla.
Erradicar estos problemas es urgente porque de ello depende que nuestras hijas e hijos crezcan en entornos seguros, donde puedan aprender sin miedo y construir su identidad sin que alguien la convierta en objeto de escarnio ni de consumo digital. La escuela tiene un papel fundamental: debe ser un espacio de protección, de escucha y de formación en convivencia, capaz de detectar a tiempo y de actuar con protocolos claros.
Pero la escuela sola no puede. El motor principal está en la familia. Es en la casa donde se aprende a nombrar al otro con respeto, a no reírse del que es diferente, a intervenir cuando alguien es humillado y a no grabar el dolor ajeno para ganar unos segundos de atención. Son los padres y las madres quienes, desde pequeños, pueden transformar la conciencia de sus hijos y enseñarles que el silencio cómplice también hace daño.
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