Con la participación activa de autoridades nacionales, directivos, legisladores y representantes de organizaciones estudiantiles y políticas, tuvo lugar este jueves en la Universidad de Holguín (UHo) un espacio de diálogo y construcción colectiva en torno al Anteproyecto de Ley de Educación, un marco normativo concebido para transformar el panorama académico y la articulación institucional.
El encuentro académico y social contó con la presencia de figuras clave del sector educativo y gubernamental, entre ellas Reynaldo Velázquez Zaldívar, viceministro del Ministerio de Educación Superior (MES), y Margarita Mc Pherson Sayú, metodóloga del Ministerio de Educación, acompañados por diputados, directivos de ambas enseñanzas y representantes de instituciones como la Universidad de las Artes, el Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), la Escuela del Partido Comunista de Cuba, Cultura y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).
Asistieron también los líderes de las organizaciones juveniles y políticas del territorio, tales como la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la UHo, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de la UHo, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) y el Partido Comunista de Cuba (PCC).
Durante las sesiones de trabajo en la casa de altos estudios holguinera, Mc Pherson detalló que la nueva legislación se articula en 10 títulos y 243 artículos diseñados para ordenar las normativas vigentes y adaptarlas con precisión a las exigencias del contexto actual.
Entre las principales novedades del anteproyecto destaca la certificación oficial de las instituciones de la Educación General, un proceso que quedará bajo la supervisión de la Junta de Acreditación Nacional (JAN) para validar y elevar los estándares de calidad en el sector.
Los análisis compartidos por los ponentes y participantes subrayaron que esta modernización introducirá cambios estructurales de gran impacto, tales como la consolidación de un sistema educativo más integrado, el reconocimiento formal del aprendizaje adquirido por distintas vías, la implementación de esquemas de financiamiento complementario y una mayor protección de los derechos en las instituciones.
La normativa enfatiza un modelo inclusivo dotado de apoyos concretos y parámetros de calidad verificables. El riguroso intercambio de criterios generado en la sede universitaria propició un debate enriquecedor que contribuirá directamente a la depuración de términos, categorías y conceptos de la futura normativa. De este modo, la comunidad académica y los actores sociales del territorio ratifican su protagonismo en un proceso legislativo abierto, participativo y orientado a fortalecer el futuro de la educación.
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