Con el propósito de proteger uno de los recursos más vitales para la población, la Empresa Eléctrica de Holguín acogió un encuentro con sus trabajadores para alertar sobre los delitos que afectan al sistema eléctrico en la provincia.
La cita, celebrada en la propia entidad, reunió a directivos, fiscales y representantes del sector para analizar un fenómeno que va en ascenso y que golpea directamente la vida cotidiana de miles de familias holguineras.
En el encuentro participaron Alfredo Farrada Celaya, representante de la Unión Eléctrica; Yumaite Tejeda Barea, vicefiscal jefa en Holguín; y Rubert Reynaldo González, director de la Empresa Eléctrica Holguín. El objetivo fue claro desde el inicio: seguir previniendo y alertando, porque, como recordó el pensamiento martiano citado en la reunión, «en prever está todo el arte de salvar».
Las cifras expuestas resultan preocupantes. En lo que va de año, la provincia acumula 65 delitos contra el sistema eléctrico, lo que representa un incremento de 23 hechos respecto a igual período del año anterior.
Entre las manifestaciones más dañinas sobresale el robo de aceite dieléctrico en transformadores de distribución y subestaciones, una práctica que afecta directamente el servicio eléctrico de viviendas, estaciones de bombeo y comunidades enteras, con las consecuencias que ello implica para la vida diaria de la población.
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Las autoridades insisten en que estos hechos no constituyen simples robos, sino actos de sabotaje. El Código Penal Cubano, en sus artículos 125 y 126, establece para este delito sanciones que oscilan entre 7 y 30 años de privación de libertad, pudiendo llegar a la privación perpetua o incluso a la muerte. La gravedad de las penas refleja la dimensión del daño que estas conductas provocan en un servicio esencial para la sociedad.
El enfrentamiento a estas violaciones ya muestra resultados concretos. Como parte de la respuesta judicial, se han realizado dos juicios ejemplarizantes en la provincia: uno en el municipio de Urbano Noris y otro en Moa. Estas decisiones demuestran que no habrá impunidad para quienes atenten contra los recursos del sistema eléctrico, y envían un mensaje claro sobre las consecuencias legales de tales actos.
Más allá de las medidas punitivas, las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad colectiva. La prevención, subrayaron, es tarea de todos. Cuidar los recursos del sistema eléctrico equivale a cuidar el servicio de cada hogar, de cada comunidad y de toda la provincia, un bien común que exige la cooperación de ciudadanos e instituciones para garantizar su sostenibilidad y protección.
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