La bancarización y el fomento de los canales de pago electrónico emergieron en Cuba como prioridades estratégicas para dinamizar la economía nacional. Sin embargo, cuando se observa la vida cotidiana en la provincia de Holguín, el entusiasmo de la norma tropieza con una realidad compleja: las reglas que buscan ordenar el comercio parecen presionar con más fuerza al último eslabón de la cadena comercial.
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Esta desconexión se hace evidente en el mostrador de cualquier pequeño negocio local, desde la cabecera provincial hasta municipios como Banes o Mayarí. Al comerciante minorista se le exige de manera estricta garantizar el pago por transferencia en moneda nacional (CUP), una medida concebida para facilitar la vida del consumidor. No obstante, la paradoja surge cuando ese mismo comerciante intenta reponer su mercancía, pues la cadena de suministros que sostiene su negocio no opera con las mismas reglas.
Para mantener sus estantes surtidos, el comercio local depende de grandes proveedores, importadores y actores que operan en nodos clave como la Zona Especial de Desarrollo Mariel. El problema radica en que estos primeros eslabones no aceptan las transferencias en CUP que el minorista acaba de ingresar; por el contrario, exigen pagos en divisas (USD) o en efectivo. De este modo, el comerciante queda atrapado en un callejón sin salida: acumula un saldo digital en la banca nacional que resulta inútil para adquirir los productos que la población le demanda.
La situación se vuelve aún más crítica al acudir al sistema financiero. Si el comerciante intentara retirar en efectivo sus propios fondos depositados legítimamente para operar en el mercado informal o abastecerse donde le sea posible, se tropieza con las severas limitaciones de liquidez que atraviesan los bancos. Al no poder disponer libremente de su dinero ni convertirlo en la moneda que sus proveedores exigen, el flujo de caja se interrumpe, el negocio se paraliza y el abastecimiento del pueblo se resiente.
A esta encrucijada se suma la desigualdad frente a las opciones de compra de la ciudadanía. Resulta contradictorio exigir un estricto cumplimiento del pago digital en pesos cubanos al pequeño vendedor, mientras en paralelo proliferan comercios y entidades que operan exclusivamente en divisas, fuera del alcance del salario medio en moneda nacional. Esta dualidad evidencia que la fiscalización no se ejerce con la misma severidad hacia las grandes empresas, las importadoras o las propias instituciones bancarias cuando incumplen con sus usuarios.
Para que la bancarización se consolide como un proceso transformador en Holguín y en todo el país, las reglas del juego no pueden sostenerse únicamente sobre el hombro del comerciante minorista. Una política económica equitativa exige coherencia sistémica: que las exigencias de pago, el control fiscal y la responsabilidad operativa se apliquen con el mismo rigor desde las grandes importadoras hasta el mostrador del barrio. Solo cuando todos los actores de la cadena respondan bajo las mismas condiciones, la ley dejará de romperse por el eslabón más débil.
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