Cuando el delito agrava la crisis del servicio eléctrico

La estabilidad del servicio eléctrico no solo depende de la disponibilidad de combustible o del estado técnico de las centrales termoeléctricas. En las últimas semanas, varios municipios de la provincia de Holguín han sufrido una afectación adicional que no figura en los reportes habituales de déficit de generación: el sabotaje directo a las subestaciones de Subtransmisión.

Los hechos denunciados en los territorios de Moa, Mayarí y Urbano Noris trascienden el simple acto vandálico. La sustracción de 1 200 litros de aceite dieléctrico en la Subestación Moa Nueva, que dejó fuera de servicio un transformador esencial, evidencia una acción deliberada contra infraestructuras críticas, con plena conciencia del daño que ocasionarían a miles de familias. No se trata de un hurto menor: los clientes afectados por estos incidentes suman más de 12 000 en el cómputo de las subestaciones Moa Nueva, Guerrita, Mayarí 2, La Mensura y La Pata.

El marco jurídico cubano es inequívoco. El Artículo 125 del Código Penal (Ley No. 151 de 2022) tipifica estos hechos como sabotaje, delito que atenta contra la seguridad colectiva y el normal funcionamiento de servicios básicos, con sanciones que oscilan entre 7 y 15 años de privación de libertad, e incluso pueden alcanzar la perpetua cuando concurren agravantes como el peligro a la seguridad colectiva o la afectación a infraestructuras estratégicas.

El Dictamen 475 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, emitido en mayo de 2025, reafirmó que los actos contra el Sistema Eléctrico Nacional encajan plenamente en esta figura delictiva.

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Resulta particularmente grave que estos hechos ocurran en un contexto donde el país destina recursos limitados, bajo el peso del bloqueo económico, a sostener un programa energético que prioriza las fuentes renovables y la estabilidad del servicio. Cada litro de aceite dieléctrico sustraído no solo daña un transformador, retrasa la recuperación de zonas que podrían recibir electricidad, encarece las reparaciones y, sobre todo, prolonga innecesariamente los apagones que tanto afectan la vida cotidiana y la actividad económica.

Las autoridades del sector han advertido con claridad sobre los peligros asociados a estas prácticas: un transformador que opera sin el nivel adecuado de aceite puede sobrecalentarse y provocar cortocircuitos, con riesgo de explosiones e incendios. El peligro no es abstracto: quien manipula estos equipos sin conocimiento técnico pone en riesgo inmediato su vida y la de quienes residen en las cercanías.

La respuesta judicial ha sido contundente. Según datos del Tribunal Supremo Popular, en el período enero-diciembre de 2025 y el primer trimestre de 2026, el 100 % de las personas juzgadas por delitos contra el Sistema Eléctrico recibieron condenas superiores a 10 años de privación de libertad, además de sanciones accesorias como el comiso y la confiscación de bienes.

La vigilancia popular constituye un pilar insustituible en la prevención de estos ilícitos. Corresponde a cada ciudadano denunciar con prontitud cualquier presencia sospechosa en los alrededores de postes, transformadores o subestaciones. No se trata de una opción, sino de un deber cívico con la comunidad que comparte el mismo derecho a un servicio eléctrico estable.

El sistema judicial, amparado en los Artículos 94 y 95 de la Constitución, garantiza el debido proceso para los implicados. Pero no cabe indulgencia ante quienes, por lucro personal, condenan a la oscuridad a miles de hogares. La ley está para cumplirse, y la protección del patrimonio energético nacional exige la acción coordinada de autoridades y pueblo.