El Anteproyecto de Ley de la Vivienda, sometido desde enero a consulta popular digital, introduce cambios estructurales en la política habitacional cubana. Con un déficit superior a las 900 mil viviendas y más de un tercio del fondo habitacional en estado regular o malo, la nueva normativa —que derogaría la Ley General de 1988— busca modernizar la tenencia, ampliar derechos de propiedad y diversificar las fuentes de financiamiento.
Según publicación de Cubadebate la novedad más significativa del anteproyecto es la eliminación de la confiscación de viviendas por salida definitiva del país. Por primera vez, los cubanos emigrados podrán conservar, heredar y transmitir sus propiedades sin perderlas por el hecho de establecer residencia permanente en el extranjero. Esta medida, que durante décadas generó incertidumbre, equipara el trato a los emigrados con el de los residentes en la isla en materia de derechos patrimoniales.
Asimismo, el anteproyecto permite a las personas naturales ser propietarias de hasta dos viviendas, sin contar la llamada «vivienda de descanso» —ubicada en zonas de playa, campo o montaña—, que podrá poseerse de manera independiente. Se amplían así las posibilidades de acumulación legal de inmuebles, hasta ahora severamente restringidas.
En cuanto a la regulación de la transmisión de propiedades se clarifican y flexibilizan las reglas para la venta, donación, permuta y herencia. Las viviendas de descanso tendrán los mismos derechos de transmisión que las residenciales, y todas podrán ser objeto de compraventa sin las trabas administrativas que hasta ahora caracterizaban el mercado inmobiliario cubano. Se reduce la discrecionalidad de los órganos locales y se establecen procedimientos más ágiles.
La ley introduce por primera vez la figura del financiamiento hipotecario, que permitirá a las familias adquirir o construir viviendas mediante créditos a largo plazo garantizados con el propio inmueble. Hasta ahora, las opciones se limitaban al ahorro personal, las remesas o la construcción progresiva. Este mecanismo se complementará con créditos bancarios tradicionales y subsidios estatales para sectores vulnerables.
Los subsidios y beneficios especiales priorizarán a damnificados por desastres naturales, familias en situación de hacinamiento, jóvenes en edad laboral, familias numerosas, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia doméstica. También se incluye un capítulo específico para el acceso de los jóvenes a la vivienda, reconociendo las barreras que enfrentan en el mercado inmobiliario.
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Con información de Cubadebate
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