La administración estadounidense, encabezada por Donald Trump, ha desplegado una nueva ficha en su complejo tablero de agresiones contra Cuba. Bajo el supuesto interés de «aliviar» una crisis humanitaria que sus propias sanciones han provocado, Washington intenta ahora matizar su cerco energético.
Según declaraciones recientes, el Departamento de Tesoro y de Comercio emitirá directrices para asegurar a las empresas petroleras que pueden vender combustible a empresas privadas en la Isla, alegando que el bloqueo solo busca asfixiar a las instituciones estatales.
Sin embargo, tras este anuncio no se esconde una intención humanista, sino una estrategia de fragmentación social y política que merece un análisis profundo.
Es una contradicción flagrante que quienes han diseñado una «cuarentena petrolera» —persiguiendo buques, presionando a proveedores tradicionales como México y desestabilizando a aliados estratégicos como Venezuela— se presenten hoy como facilitadores de soluciones.
La realidad que enfrenta el pueblo cubano no es producto de una gestión aislada, es el resultado directo de una política de máxima presión que, como bien ha advertido Naciones Unidas, impacta sectores vitales.
En Cuba, el Estado es quien garantiza la electricidad de los hogares, el combustible para las ambulancias y el transporte escolar.
La medida de «permitir» ventas solo al sector no estatal busca crear una brecha en la unidad nacional. Al privilegiar a las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) por encima del sector público, Washington intenta fabricar un actor económico dependiente de sus licencias, pretendiendo que la economía cubana pueda funcionar de forma esquizofrénica: con un sector privado con recursos y un sector público —que sostiene la educación y la salud universal— asfixiado por el bloqueo.
Para la mayor de las Antillas, este escenario presenta retos inmediatos en cuanto a la soberanía energética. Cuba reafirma que su desarrollo no puede depender de las «autorizaciones» de una potencia extranjera que utiliza el suministro de energía como un interruptor de presión política.
Por otra parte, aunque el sector privado cubano tiene personalidad jurídica para importar, las limitaciones financieras impuestas por la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo dificultan cualquier transacción bancaria, haciendo que estas «facilidades» sean, en la práctica, letra muerta para muchos.
Ante la hostilidad, la respuesta nacional sigue siendo la optimización de los recursos propios y la búsqueda de alternativas energéticas que no pasen por la claudicación política exigida por figuras como Marco Rubio.
El anuncio de la administración Trump no es un gesto de buena voluntad, es un ajuste táctico dentro de una estrategia de cambio de régimen que ha fracasado por décadas. Cuba no necesita «raciones de emergencia» enviadas para eludir a sus autoridades, sino el cese total de las medidas coercitivas unilaterales que impiden el flujo normal de energía y comercio.
La verdadera ayuda humanitaria sería, simplemente, dejar que Cuba respire y comercie con el mundo sin amenazas de por medio.
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